Los planes de contratación en la Ley de Contratos

Los planes de contratación en la Ley de Contratos

Los planes de contratación en la nueva Ley de Contratos o la forzada pretensión transformadora que las normas públicas pretenden ejercer con la conocida improvisación española

Si hay algo que viene caracterizando toda la normativa de Derecho Público en los últimos tiempos es la de “enconsertar” a la Administración Pública dentro de los márgenes de lo predecible y previsible bajo la respetable pretensión de garantizar la transparencia y, por tanto, del conocimiento y lógico control por los ciudadanos de su quehacer diario. Así, son varias las normas que imponen a la Administración Pública, cualquiera que de ellas sea, la necesaria planificación, lo que supone a esta dotar de las características de predicibilidad y racionalidad en el ejercicio de las funciones que la norma les atribuye. La normativa de contratación, como veremos no es ajena a esta nueva lógica creando los planes de contratación a los que, sin embargo, no les da contenido alguno.

En ese constatado deseo planificador, por ejemplo, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, establece en su artículo 132 la obligatoriedad de que que todas las Administraciones Públicas aprueben anualmente su plan normativo que posteriormente deben publicar en el portal de transparencia correspondiente. En cumplimiento de esa obligación y, previo desarrollo normativo de esa obligación a través del  Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General al del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa,  la Administración General del Estado aprobó, por ejemplo,  en fecha de 7 de diciembre de 2017 el Plan anual normativo para el ejercicio de 2018. A estos efectos ya nos hicimos eco en este mismo Blog del Plan Normativo publicado por el Gobierno de Aragón en 2017 y son numerosas las entidades locales que a pesar de su escasa capacidad normativa han venido cumpliendo con esa obligación de la mejor de las maneras posibles. 

Pues bien, en esa intención racionalizadora que, como hemos dicho, invade el Derecho Público,  la nueva normativa contractual, que no podía ser menos, regula (o mejo dicho, nombra) los planes de contratación como elementos planificadores de la actividad contractual de las entidades públicas que entran dentro del ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público 2017. Así el artículo 28.4 de la Ley de Contratos establece:

4. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.

Ninguna otra referencia se realiza en el  extenso articulado de la Ley de Contratos del Sector Público al plan de contratación cuyo contenido queda al arbitrio de cada Administración, si bien en su caso, su publicación mediante el anuncio previo al que se hace referencia al respecto a los contratos sujetos a regulación armonizada podrá suponer una minoración en los plazos de presentación de proposiciones . Así el artículo 134 de la Ley de Contratos de 2017 establece en los extremos que a este particular interesan que :

Artículo 134. Anuncio de información previa.

1. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere el apartado 5 del presente artículo.

7. La publicación del anuncio previo a que se refiere el primer apartado de este artículo, cumpliendo con las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 156 y en el apartado 1 del artículo 164, permitirá reducir los plazos para la presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos y restringidos en la forma que en esos preceptos se determina.

Del análisis de ambos preceptos parece evidente que la pretendida planificación que se da al respecto de los contratos públicos mediante la creación de los planes de contratación se circunscribe únicamente al respecto de los contratos sometidos a regulación armonizada, cuando obviamente para cumplir la finalidad analizada de racionalidad y predicibilidad con la consecuente influencia en la transparencia el plan de contratación debiera incluir la totalidad de los contratos a celebrar por las Administraciones Públicas sometidas al mismo a salvo, quizá y sólo quizá, el de los contratos menores.

 

Nueva regulación del procedimiento negociado en la contratación pública

Nueva regulación del procedimiento negociado en la contratación pública

La reciente publicación de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en el BOE de fecha 9 de noviembre de 2017, en adelante LCSP, supone la definitiva defunción del procedimiento negociado en los términos que hasta ahora lo conocíamos al eliminar, entre otras cosas, la posibilidad de su utilización únicamente bajo el criterio económico.

La utilización de este tipo de procedimiento en los procesos de licitación contractual había sido estado envuelta en continua polémica: utilización excesiva del procedimiento negociado sin publicidad bajo el único criterio del precio del contrato; inexistencia de una real negociación lo que en práctica conllevaba una inadecuada limitación de la oferta posible para la obtención de un mejor precio o calidad en la prestación contratada y con ello, normalmente el encarecimiento de los costes de los servicios públicos o de la contratación administrativa.

A este respecto, la imperfección de la anterior regulación, que pretende ser objeto de superación con la norma recientemente aprobada fue objeto de análisis en otras entradas de este blog: “Procedimiento negociado y empresa no invitada o eliminación del negociado sin publicidad

La nueva regulación del procedimiento negociado, pretende mejorar ostensiblemente el régimen de este tipo de procedimiento, adecuándolo a las exigencias de no discriminación y publicidad, eliminando a su vez cualquier indicación al respecto de precio como supuesto específico de aplicación. A continuación, analizaremos la nueva regulación del procedimiento negociado plasmada en los artículos 166 y siguientes de la Ley 9/2017, nueva LCSP.

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El proyecto de ley de contratos pasa el trámite del senado

El proyecto de ley de contratos pasa el trámite del senado

El proyecto Ley Contratos fue objeto de aprobación en el Senado con la introducción de dos únicas enmiendas, siendo objeto de remisión al Congreso para la aprobación definitiva que deberá ser objeto de aprobación definitiva en los próximos meses. 

El pasado 27 de septiembre se aprobó en el Senado con dos únicas enmiendas el proyecto ley contratos,  texto remitido en su día para su tramitación por el Congreso de los Diputados, por lo que a expensas de la aprobación definitiva por la Cámara Baja, en escaso tiempo podríamos tener aprobado el nuevo texto que regirá la contratación administrativa. Texto del proyecto de Ley de contratos que contiene las enmiendas

No obstante el texto del proyecto ley de contratos establece una vacatio legis de 4 meses desde su aprobación – a salvo de los preceptos sobre gobernanza-, por lo que es previsible que sea ya bien entrado el año 2018 cuando debamos aplicar esta nueva normativa contractual.  (más…)

Régimen de los lobbies. Ley aragonesa de Integridad y Etica Públicas

Régimen de los lobbies. Ley aragonesa de Integridad y Etica Públicas

Integridad y Etica públicas, en especial, la regulación del régimen de los grupos de interés o “lobbies” en Aragón.

El pasado 16 de junio de 2017 fue objeto de publicación en el BOA la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas. que entre otras cosas efectúa una regulación novedosa del régimen de los grupos de presión o lobbies única en España. 

La norma tiene como objeto el establecimiento del régimen de promoción, impulso y garantía de la integridad y la ética públicas en el sector público de Aragón y en las personas y entidades que se relacionan directamente con el mismo, así como la creación y regulación de la Agencia de Integridad y Ética Públicas.

La norma señala como objetivos en materia la integridad y ética pública:

  • Promover y fortalecer las medidas para garantizar la integridad y la ética públicas combatiendo eficazmente cualquier modalidad de corrupción y de clientelismo.
  • Promover, facilitar y apoyar la cooperación y asistencia entre los órganos y organismos competentes en las materias reguladas por la presente ley.
  • Crear la Agencia de Integridad y Ética Públicas como autoridad independiente en la materia, con el estatuto y las funciones establecidos en esta ley.
  • Impulsar la evaluación de políticas públicas como instrumento para garantizar su adecuado diseño y ejecución.
  • Implantar, en conexión con la evaluación de políticas públicas, la evaluación de las disposiciones normativas que las regulan, su elaboración, adecuación al objeto, fundamentación desde la perspectiva del interés general y ejecución.
  • Monitorizar la tramitación de procedimientos administrativos concretos con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y las exigencias de integridad y ética públicas.
  • Regular el régimen de los lobbies con el objetivo prioritario de garantizar la transparencia en su actuación en relación con el sector público en Aragón.
  • Establecer, a través del código de buen gobierno, los principios éticos y de conducta para las autoridades y cargos del sector público autonómico.
  • Establecer y fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta de los empleados públicos.
  • Regular el estatuto del denunciante a los efectos establecidos en esta ley.
  • Regular los elementos esenciales del estatuto de los cargos del sector público autonómico sujetos a esta ley para garantizar su integridad y actuación ética y, en particular, para evitar sus potenciales conflictos de intereses.
  • Velar por la adecuada capacitación de los miembros de los organismos públicos y altos cargos en el desempeño de su función.
  • Establecer un régimen sancionador para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ley.

lobbiesAdemás de la creación de la Agencia de Integridad y Ética pública, que entre otras facultades, es dotada de las relativas a la actuación “contra el fraude, la corrupción, el clientelismo y cualquier otra actuación que, en perjuicio de los intereses generales, infrinja los códigos de conducta y de buen gobierno” así como la de “investigar o inspeccionar posibles casos de uso o destino irregulares de fondos públicos, así como conductas opuestas a la probidad que comporten conflicto de intereses o el uso en beneficio propio de informaciones derivadas de sus funciones públicas”, la nueva normativa resalta por la novedosa regulación del régimen de los lobbies, reconociendo por primera vez en la normativa española la existencia de la figura de los grupos de presión y, sobre todo, regulando en la medida de lo posible su régimen de funcionamiento mediante la creación de un registro de lobbies, su código de conducta y las consecuencias del incumplimiento de este. (más…)

Propuestas del Observatorio de Contratos Públicos al proyecto de ley

Próximo a finalizar el periodo de enmiendas del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (hasta el 9 de febrero de 2017), el Observatorio de Contratos Públicos ha presentado un documento de propuestas de modificación del articulado en el que se aportan un conjunto de reflexiones para la mejora de la norma en tramitación. 

Además de las observaciones que se efectúan al articulado que pretenden profundizar en la transparencia y la consiguiente prevención de la corrupción, el documento en su apartado tercero establece una concreta propuesta regulatoria en el ámbito de los servicios a las personas (servicios de salud y servicios sociales) que ahondan en la posibilidad establecida en los artículos 76 y 77 de la Directiva 2014/24  de regulación simplificada y de reserva de contratos en ese tipo de prestaciones y frente al que el proyecto de ley no ha efectuado mención alguna

 

Criterio experiencia en la valoración de la oferta. Contratación pública

Criterio experiencia en la valoración de la oferta. Contratación pública

criterio experienciaTradicionalmente viene recogiéndose en multitud de pliegos de clausulas administrativas que rigen licitaciones publicas, dentro de los criterios elegidos por el órgano de contratación para la valoración de las ofertas presentadas, el criterio experiencia. De este modo los poderes adjudicadores intentan “premiar” en la contratación -de modo ilegal- la supuesta “profesionalidad”, “antigüedad” y “solera” que tiene un licitador por el simple hecho de haber llevado a cabo prestaciones idénticas o similares a que es objeto de licitación. Notese que a los efectos de esta entrada  la circunstancia de que es el “licitador” y no la “oferta” el portador de la “experiencia” en la mayoría de los pliegos a los que hacemos referencia.

Analizaremos en esta entrada las posibilidades del establecimiento del criterio experiencia, su consideración únicamente a los efectos de capacidad y solvencia y la única de las posibilidades para su determinación como criterio vinculada a contratos de carácter intelectual.

CRITERIO EXPERIENCIA.- PROHIBICIÓN GENERAL A LA UTILIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA COMO CRITERIO DE VALORACIÓN.

 

Desde un punto de vista general el establecimiento del criterio experiencia como criterio valorativo de la oferta viene considerándose contrario a Derecho por cuanto la experiencia de un licitador debe residenciarse en los criterios de capacidad o solvencia y nunca como criterio evaluable y ello por cuanto no pueden mantenerse como criterios de adjudicación aquellos que no van dirigidos a identificar la oferta económicamente más ventajosa sino que están vinculados, en esencia, a la apreciación de la aptitud de los licitadores para ejecutar el contrato en cuestión. (más…)