Integración de la solvencia con medios externos en la LCSP

Integración de la solvencia con medios externos en la LCSP

La posibilidad de implementar la solvencia de una PYME para la contratación

Desde el anterior TRLCSP la posibilidad de integración de la solvencia en la contratación ha sido uno de las formas para el acceso a la contratación pública para las pequeñas empresas. No obstante, hay que reconocer que dicha posibilidad no ha sido muy utilizada por la mayorías de las PYMEs que han visto en la contratación pública, habitualmente, un conjunto de procedimientos farragosos demasiado complicados para sus habituales actividades. Además la habitual “individualidad” y atomización de nuestras empresas han hecho muy difícil esa integración de la solvencia como un medio de colaboración entre empresas para acudir a los procedimientos de licitación.

En la actual Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 , la integración de la solvencia con medios externos viene definida en el artículo 75, en los términos siguientes:

Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos. 1. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1.e), o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades. 2. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, previo requerimiento cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 140. 3. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. 4. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera.

integración de la solvencia

De la lectura del artículo 75 de la LCSP se determina como elemento fundamental de la integración de la solvencia en la contratación administrativa y, por lo tanto, como condición sine qua non, que la empresa muestre ante el poder adjudicador que dispondrá de los recursos necesarios para la ejecución del contrato, y lógicamente, corresponde a la entidad licitadora (poder adjudicador) comprobar que el licitador podrá efectivamente utilizar los medios de todo tipo que haya invocado, y que esa disponibilidad no se presume, por lo que el órgano al que corresponda apreciar la solvencia de los licitadores o candidatos presentados a un procedimiento de adjudicación deberá examinar minuciosamente las pruebas aportadas por el licitador al objeto de garantizar a la entidad adjudicadora que en el periodo al que se refiere el contrato el licitador podrá efectivamente utilizarlos.

Por tanto, podemos señalar como requisitos para la integración de la solvencia las siguientes:

  • Demostración de que se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del contrato mediante la integración
  • Es indiferente el tipo de vinculación jurídica entre las empresas, licitadora y que integra los requisitos de solvencia siempre que quede demostrada la disponibilidad de medios
  • La integración tiene como limite las prohibiciones de contratar
  • Si la integración se refiere relativas a la solvencia económica o financiera los pliegos pueden establecer requisitos de responsabilidad conjunta
  • Los pliegos podrán señalar elementos que siempre hayan de ser ejecutados por el contratista principal

Los limites de la integración de la solvencia.

Una de las lógicas cuestiones que se podría plantear es si toda la solvencia puede ser integrada por un tercero o, si como parece lógico, existen limitaciones a dicha integración. A estos efectos, ¿cabría que un licitador acreditara toda su solvencia económica, financiera o técnica, mediante la de un tercero?.

A este interrogante contesta de modo negativo, entre otras, la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 23 de mayo de 2012, que con análisis de la anterior Ley de Contratos (2007), señala como límite el requisito de capacidad (apitud para contratar) al indicar que:

Así, de la interpretación conjunta de los artículos 52 y 43.1 de la LCSP, se ha de considerar que, aunque el empresario puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 52 de la LCSP para acreditar su solvencia, ha de cumplir asimismo lo previsto en el artículo 43.1, por lo que será requisito indispensable para contratar con el sector público que acredite un mínimo de solvencia mediante medios propios, con independencia de que el resto lo pueda acreditar con medios ajenos, conforme a lo previsto en los artículos 51 y 52, pues, de lo contrario, no se le podría considerar apto para contratar con el sector público, al incumplir lo dispuesto en el artículo 43.1 de la LCSP.

Plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón 2018

Plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón 2018

El pasado 23 de enero de 2018, el Consejo de Gobierno de Aragón, aprobó el plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón 2018, que ha sido objeto de publicación en el Portal de Transparencia. 

 

De este modo se da cumplimiento al mandato legal derivado del artículo  132 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que exige a todas las Administraciones la aprobación anual de ese plan normativo que permite conocer a los ciudadanos cual es la previsión de aprobación normativa del año en curso.

Del plan anual normativo Gobierno de Aragón 2018 publicado, (Plan Anual Gobierno de Aragón 2018), del que analizaremos la normativa concordante con la temática de este blog, se advierte una pretensión de creación y desarrollo de abundante normativa  en materia de régimen local y que recae bajo la competencia del Departamento de Presidencia. Cabe destacar:

A nivel legislativo,

  1. Proyecto de ley reguladora de la de la Comunidad Autónoma de Aragón.
  2. Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Aragón.
  3. Proyecto de ley de creación de la Comarca Central correspondiente a la Delimitación Comarcal de Zaragoza
  4.  Proyecto de ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley de Comarcalización de Aragón.

A nivel reglamentario,

  1. Decreto de modificación general de las Bases Reguladoras del Fondo Local. 
  2. Decreto por el que se desarrollan las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
  3. Decreto por el que se modifica el Decreto 63/2017 de 25 de abril del Gobierno de Aragón, que regula la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias y se regulan medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas en establecimientos públicos y en espacios abiertos al público (iniciada su tramitación en el año 2017).
  4.  Decreto por el que se regula la creación, organización y el funcionamiento de la Academia Aragonesa de Policías Locales (iniciada su tramitación en el año 2017).
  5. Decreto por el que se regula el Registro de los Policías Locales de Aragón

Impulsado, por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, se vuelve a incluir en el plan Anual Normativo 2018, el proyecto de ley de función pública que comenzó su andadura institucional en lo que se refiere a esta legislatura en el año 2016 (anteproyecto de ley de función pública) junto a normativa de naturaleza contractual como,

A nivel legal,

  1. Proyecto de ley de uso estratégico de la contratación pública en Aragón.

A nivel reglamentario

  1. Decreto por el que se crea la Junta de Contratación Pública y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento (iniciada su tramitación en el año 2017).
  2.  Decreto por el que se crea la Central de Compras de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017).
  3. Decreto por el que se regula el proceso de integración del Registro de licitadores de la CA de Aragón en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (iniciada su tramitación en el año 2017).

A los efectos de empleo público, además de las Ofertas de Empleo ordinarias a aprobar durante el ejercicio en el ámbito del SALUD y de la propia Administración de la Comunidad Autónoma, se recoge como previsión normativa la aprobación de OPE de “estabilización del empleo temporal para el año 2018” en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, del  Personal Estatutario del Servicio Aragonés de Salud  y del personal docente no universitario.

 

Por último, y en relación al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, que comprende las competencias en materia de vivienda y urbanismo, destaca la pretensión normativa siguiente:

A nivel legislativo,

  1. Proyecto de ley de vivienda de Aragón

A nivel reglamentario,

  1. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico
  2. Decreto por el que se aprueba el Plan de Vivienda 2018-2021.
  3. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras (iniciada su tramitación en el año 2017).
  4.  Directriz Especial de Urbanismo.
La clasificación de los empresarios licitadores en la nueva Ley de Contratos

La clasificación de los empresarios licitadores en la nueva Ley de Contratos

La nueva Ley de Contratos del Sector Público incluye ciertas novedades al respecto de la clasificación de los empresarios licitadores como elemento que permite a través de su posterior certificación la acreditación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

Las nuevas posibilidades que la promulgación de la norma de contratación genera para los operadores económicos, en especial pymes y autónomos, requiere del conocimiento de los requisitos procedimentales exigidos para concurrir a las licitaciones, entre los que debe incluirse la clasificación de los empresarios o su registro, más si cabe, cuando uno de los procedimientos creados a partir de la nueva norma (procedimiento abierto simplificado) y que abarca los contratos de hasta 100.000 € para servicios y suministros y 2.000.000 para obras, prescribe la obligatoriedad de dicha inscripción. 

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Los planes de contratación en la Ley de Contratos

Los planes de contratación en la Ley de Contratos

Los planes de contratación en la nueva Ley de Contratos o la forzada pretensión transformadora que las normas públicas pretenden ejercer con la conocida improvisación española

Si hay algo que viene caracterizando toda la normativa de Derecho Público en los últimos tiempos es la de “enconsertar” a la Administración Pública dentro de los márgenes de lo predecible y previsible bajo la respetable pretensión de garantizar la transparencia y, por tanto, del conocimiento y lógico control por los ciudadanos de su quehacer diario. Así, son varias las normas que imponen a la Administración Pública, cualquiera que de ellas sea, la necesaria planificación, lo que supone a esta dotar de las características de predicibilidad y racionalidad en el ejercicio de las funciones que la norma les atribuye. La normativa de contratación, como veremos no es ajena a esta nueva lógica creando los planes de contratación a los que, sin embargo, no les da contenido alguno.

En ese constatado deseo planificador, por ejemplo, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, establece en su artículo 132 la obligatoriedad de que que todas las Administraciones Públicas aprueben anualmente su plan normativo que posteriormente deben publicar en el portal de transparencia correspondiente. En cumplimiento de esa obligación y, previo desarrollo normativo de esa obligación a través del  Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General al del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa,  la Administración General del Estado aprobó, por ejemplo,  en fecha de 7 de diciembre de 2017 el Plan anual normativo para el ejercicio de 2018. A estos efectos ya nos hicimos eco en este mismo Blog del Plan Normativo publicado por el Gobierno de Aragón en 2017 y son numerosas las entidades locales que a pesar de su escasa capacidad normativa han venido cumpliendo con esa obligación de la mejor de las maneras posibles. 

Pues bien, en esa intención racionalizadora que, como hemos dicho, invade el Derecho Público,  la nueva normativa contractual, que no podía ser menos, regula (o mejo dicho, nombra) los planes de contratación como elementos planificadores de la actividad contractual de las entidades públicas que entran dentro del ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector Público 2017. Así el artículo 28.4 de la Ley de Contratos establece:

4. Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada.

Ninguna otra referencia se realiza en el  extenso articulado de la Ley de Contratos del Sector Público al plan de contratación cuyo contenido queda al arbitrio de cada Administración, si bien en su caso, su publicación mediante el anuncio previo al que se hace referencia al respecto a los contratos sujetos a regulación armonizada podrá suponer una minoración en los plazos de presentación de proposiciones . Así el artículo 134 de la Ley de Contratos de 2017 establece en los extremos que a este particular interesan que :

Artículo 134. Anuncio de información previa.

1. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, estando sujetos a regulación armonizada, tengan proyectado adjudicar en el plazo a que se refiere el apartado 5 del presente artículo.

7. La publicación del anuncio previo a que se refiere el primer apartado de este artículo, cumpliendo con las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 156 y en el apartado 1 del artículo 164, permitirá reducir los plazos para la presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos y restringidos en la forma que en esos preceptos se determina.

Del análisis de ambos preceptos parece evidente que la pretendida planificación que se da al respecto de los contratos públicos mediante la creación de los planes de contratación se circunscribe únicamente al respecto de los contratos sometidos a regulación armonizada, cuando obviamente para cumplir la finalidad analizada de racionalidad y predicibilidad con la consecuente influencia en la transparencia el plan de contratación debiera incluir la totalidad de los contratos a celebrar por las Administraciones Públicas sometidas al mismo a salvo, quizá y sólo quizá, el de los contratos menores.

 

Nueva regulación del procedimiento negociado en la contratación pública

Nueva regulación del procedimiento negociado en la contratación pública

La reciente publicación de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en el BOE de fecha 9 de noviembre de 2017, en adelante LCSP, supone la definitiva defunción del procedimiento negociado en los términos que hasta ahora lo conocíamos al eliminar, entre otras cosas, la posibilidad de su utilización únicamente bajo el criterio económico.

La utilización de este tipo de procedimiento en los procesos de licitación contractual había sido estado envuelta en continua polémica: utilización excesiva del procedimiento negociado sin publicidad bajo el único criterio del precio del contrato; inexistencia de una real negociación lo que en práctica conllevaba una inadecuada limitación de la oferta posible para la obtención de un mejor precio o calidad en la prestación contratada y con ello, normalmente el encarecimiento de los costes de los servicios públicos o de la contratación administrativa.

A este respecto, la imperfección de la anterior regulación, que pretende ser objeto de superación con la norma recientemente aprobada fue objeto de análisis en otras entradas de este blog: “Procedimiento negociado y empresa no invitada o eliminación del negociado sin publicidad

La nueva regulación del procedimiento negociado, pretende mejorar ostensiblemente el régimen de este tipo de procedimiento, adecuándolo a las exigencias de no discriminación y publicidad, eliminando a su vez cualquier indicación al respecto de precio como supuesto específico de aplicación. A continuación, analizaremos la nueva regulación del procedimiento negociado plasmada en los artículos 166 y siguientes de la Ley 9/2017, nueva LCSP.

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El proyecto de ley de contratos pasa el trámite del senado

El proyecto de ley de contratos pasa el trámite del senado

El proyecto Ley Contratos fue objeto de aprobación en el Senado con la introducción de dos únicas enmiendas, siendo objeto de remisión al Congreso para la aprobación definitiva que deberá ser objeto de aprobación definitiva en los próximos meses. 

El pasado 27 de septiembre se aprobó en el Senado con dos únicas enmiendas el proyecto ley contratos,  texto remitido en su día para su tramitación por el Congreso de los Diputados, por lo que a expensas de la aprobación definitiva por la Cámara Baja, en escaso tiempo podríamos tener aprobado el nuevo texto que regirá la contratación administrativa. Texto del proyecto de Ley de contratos que contiene las enmiendas

No obstante el texto del proyecto ley de contratos establece una vacatio legis de 4 meses desde su aprobación – a salvo de los preceptos sobre gobernanza-, por lo que es previsible que sea ya bien entrado el año 2018 cuando debamos aplicar esta nueva normativa contractual.  (más…)