La reserva de suelo para VPO en el proyecto de Ley de Vivienda de Aragón

La reserva de suelo para VPO en el proyecto de Ley de Vivienda de Aragón

El proyecto de ley de vivienda de Aragón modifica los porcentajes para la reserva de suelo para VPO en Aragón

El proyecto de Ley de vivienda de Aragón,aprobado por el Gobierno Aragonés en octubre de 2018, en fase de tramitación parlamentaria a esta fecha (noviembre 18) establece un nuevo régimen de reserva de suelo para VPO a incluir en los instrumentos de planeamiento municipales en el plazo de dos años desde su entrada en vigor, concretando de este modo el mandato normativo de la Ley estatal y, adecuando, la misma a las circunstancias territoriales de la Comunidad Autónoma.

Así, en su artículo 15, se establecen los nuevos porcentajes de reserva de suelo para VPO en función de su población de derecho en los términos siguientes:

  • En las capitales de provincia y municipios de población superior a 20.000 habitantes, en suelo urbanizable el 40% de la edificabilidad residencial prevista y en suelo urbano no consolidado, el 20% de la edificabilidad residencial prevista.
  • En los municipios de población entre 3.000 y 20.000 habitantes, en suelo urbanizable el 30% de la edificabilidad residencial prevista y en suelo urbano no consolidado, el 10% de la edificabilidad residencial prevista.
  • En municipios con población de derecho no superior a tres mil habitantes no existirá obligación de reserva de suelos con dicha finalidad, sin perjuicio de que puedan establecer la que consideren necesaria en sus instrumentos de planeamiento.

De este modo, de salir adelante esta regulación tras la tramitación parlamentaria, se incrementa el porcentaje de reserva de suelo para VPO en las capitales de provincia y los municipios de más de 20.000 habitantes de Aragón, elevándose porcentualmente en los sectores de suelo urbanizable y suelo urbano no consoldiado al respecto del mínimo establecido en la norma básica estatal (artículo 20 b del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana) en los municipios de mayor población de la comunidad.

A estos efectos, la normativa básica estatal establece que:

“Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garantizará una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. 

No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social.

Aunque, debe tenerse en cuenta que ese precepto se veía sometido a la suspensión temporal decretada en la Ley 8/2013 y que supuso en Aragón la inclusión en al vigente Ley de Vivienda de Aragón la Disposición Transitoria Undécima undécima a la que ya hicimos referencia en este blog (suspensión de reserva de VPO en Aragón)

9 claves de la modificación Impuesto Sucesiones y donaciones Aragón.

9 claves de la modificación Impuesto Sucesiones y donaciones Aragón.

La modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de Aragón, operada por Ley 10/2018, de 6 de septiembre, BOA de 20 de septiembre de 2018, entra en vigor el 1 de noviembre de 2018.

La Ley 10/2018, de modificación del impuesto sucesiones y donaciones de Aragón (de la que ya hablamos en su inicio de tramitación) entra en vigor el próximo 1 de noviembre de 2018 aplicándose, por tanto, a aquellos hechos imponibles acaecidos a partir de esa fecha. La modificación del impuesto sucesiones en Aragón, que en principio, tiene como finalidad en los términos de su propio preámbulo la eliminación de las diferencias impositivas entre diferentes comunidades autónomas, se centra en 9 aspectos concretos que en la práctica suponen una considerable minoración de la presión impositiva.

A continuación, pasamos a señalarte los 9 aspectos concretos de la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones de Aragón .

1.ª Nueva configuración de la tributación de la sucesión empresarial. Se  abandona la vía de las reducciones estatales mejoradas y se introduce una reducción propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, incompatible con la estatal, por la adquisición mortis causa de empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades, o el valor de  derechos de usufructo sobre los mismos, por cónyuges y descendientes o, en su defecto, para ascendientes y colaterales hasta el tercer grado, con ciertos requisitos y condiciones, del 99 por 100 del valor neto de aquellos incluido en la base imponible.
En consonancia con el signifcado y la relevancia del benefcio, el requisito del mantenimiento durante 5 años se vincula a la permanencia de la actividad económica en el seno del grupo familiar y se desconecta de la obligación de mantener el valor económico de lo heredado.

2.ª Se incrementa la reducción prevista a favor del del cónyuge, los ascendientes y los descendientes del fallecido de 150.000 a 500.000 euros (de 175.000 a 575.000 euros en caso de discapacidad) y se elimina el requisito de patrimonio preexistente del contribuyente que antes, no podía superar los 402.678,11 euros. Además, se extiende a nietos y ulteriores descendientes del fallecido. Es esta sin duda, la modificación más significativa del impuesto que permite su practica inaplicabilidad al conjunto de los aragoneses.

3.ª Se introducen tres mejoras en las reducciones por adquisición mortis causa de entidades empresariales, negocios profesionales o participaciones en las mismas, para causahabientes distintos del cónyuge o descendientes, y en las adquisiciones destinadas a la creación de empresa y empleo: la primera, incrementa la reducción del 30 al 50 por 100 en la adquisición genérica de dichas entidades, negocios o participaciones; la segunda, aumenta la reducción hasta el 70 por 100 cuando se trate de las llamadas “entidades de reducida dimensión” a que se refere el Impuesto sobre Sociedades; y la tercera, en la reducción por adquisiciones mortis causa destinadas a la creación de empresa o negocio simultáneamente a la creación de empleo, con el objetivo de promover la labor del causahabiente emprendedor, igualmente se incrementa del 30 al 50 por 100.

4º.-  En la adquisición mortis causa de la vivienda habitual de la persona fallecida se aplicará como reducción, con el carácter de mejora, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón,   un porcentaje del 100 por 100 sobre el valor de la vivienda, elevándose el límite hasta los 200.000 euros.

5º.- Se produce una  mejora de la reducción prevista en la actualidad en las adquisiciones sucesorias entre hermanos pues se eleva hasta 15.000 euros.

6º.- Se crea una bonificación del 65 por 100 por la adquisición de la vivienda habitual del fallecido siempre que el valor real de esta no supere los 300.000 euros.

7.ª Se amplía la bonificación para las donaciones a favor del cónyuge o hijos pues se aplica siempre que no supere lo donado la cifra de 500.000 euros.

8.ª Se introduce en las donaciones a favor de los hijos del donante de dinero para la adquisición de primera vivienda habitual, en alguno de los municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón en ambos casos, que otorgará al donatario el derecho a la aplicación de una reducción del 100 por 100 de la base imponible del impuesto, con un límite de 250.000 euros, y siempre que el patrimonio preexistente del contribuyente no exceda de 100.000 euros. Esa reducción también podrá ser aplicada los hijos del donante en la adquisición de vivienda habitual cuando hubieran perdido la primera vivienda habitual como consecuencia de la dación en pago o de un procedimiento de ejecución hipotecaria y se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias socioeconómicas. Si quieres profundizar en este aspecto, te recomendamos este enlace de RC Gestión Juridica SL  (la donación de dinero para vivienda habitual)

9.ª Por último, la ley extiende las consecuencias de la situación de conyugalidad, a efectos de aplicación de los benefcios fscales previstos para la misma, a los miembros de las parejas estables no casadas, según la terminología y regulación de nuestro Código de Derecho Foral de Aragón y otras normas administrativas, eliminando así una posible situación discriminatoria para aquellas uniones de hecho en las que existe una relación prolongada de afectividad y convivencialidad, análoga a la conyugal, entre sus miembros

Utilización superávit de las Entidades Locales

Utilización superávit de las Entidades Locales

Prorroga de la utilización superavit por las entidades locales y nuevo ambito de aplicación inversiones

El Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo, publicado en el BOE de 24 de marzo, amplía el ámbito objetivo de la inversión a aplicar por las Entidades Locales como consecuencia de la liquidación presupuestaria.

El Consejo de Ministros, aprobó el pasado día 23 de marzo de 2018, la prórroga de la posibilidad ya establecida en los presupuestos generales de los años 2016 y 2017 de utilización superavit de las Entidades Locales  -al menos en parte- a las denominadas inversiones financieramente sostenibles si bien, en este caso, la novedad del Real Decreto Ley estriba en que se  amplían los servicios públicos en los que podrán realizarse estas Inversiones Financieramente Sostenibles, que no computan en la regla de gasto y con las cuales se trata de evitar la generación de gastos no financieros futuros que puedan ser fuente de déficit. El objetivo pretendido es poder mejorar la prestación de estos nuevos servicios públicos esenciales para la comunidad y hacer un mayor uso del superávit, siempre que ese uso sea de carácter racional y no genere déficit al final del ejercicio.

Los nuevos ámbitos en los que se van a poder proceder a la utilización superavit por las Entidades Locales, esto es, realizar Inversiones Financieramente Sostenibles a partir de este Real Decreto Ley son los de servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas.

De igual modo, se incluirán también como tales inversiones las que se realicen en mobiliario y enseres destinados a servicios que ya están catalogados como receptores de aquellas inversiones; así como los
vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.

Nueva regulación funcionarios administración local con habilitación nacional

Nueva regulación funcionarios administración local con habilitación nacional

El nuevo régimen jurídico de los funcionarios Administración Local con habilitación de carácter nacional se establece en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, publicado en el BOE de 17 de marzo de 2018.

funcionarios Administración Local

La nueva normativa, supone la derogación expresa del  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios Administración Local con habilitación de carácter nacional, el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios Administración Local con habilitación de carácter nacional, el Real Decreto 834/2003, de 27 de

junio, por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios Administración local con habilitación de carácter nacional, el Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo, por el que se modifican los requisitos para la integración de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención

La pretensión de la nueva normativa sobre funcionarios Administración Local de Habilitación Nacional es, en términos de su exposición de motivos:

  • Evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes.
  • Reforzar el papel de la Administración General del Estado en relación con los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al asumir la selección, formación y habilitación de estos funcionarios, así como la asignación de un primer destino.
  • Asimismo, reforzar y clarificar las funciones reservadas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al entender que son básicas para el funcionamiento de las Corporaciones Locales, especialmente la función interventora, para lograr un control económico-presupuestario más riguroso, en el marco del desarrollo del artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones por los cargos electos en el ejercicio del mandato representativo que tienen encomendado constitucionalmente.
  • Garantizar una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de las funciones reservadas.
  • Permitir una gestión más eficaz y homogénea de este colectivo en todo el territorio nacional, dada la importancia de las funciones que desempeñan en las Corporaciones Locales, y su repercusión en el interés general

En los términos de su artículo 1, el objeto fundamental de del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional es el desarrollo del régimen jurídico de la escala de funcionarios Administración Local con habilitación de carácter nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en particular:

  1. La delimitación de las funciones reservadas a la misma.
  2. La estructura y acceso a la escala de funcionarios Administración Local con habilitación de carácter nacional.
  3.  La creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las especialidades de sus situaciones administrativas y régimen disciplinario.
  4. La forma de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, mediante concurso o el sistema excepcional de libre designación, así como la normativa conforme a la cual se efectuarán los nombramientos provisionales, las comisiones de servicios, las acumulaciones, los nombramientos de personal interino y los de carácter accidental.
  5. El Registro Integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Entre las justificaciones esgrimidas por el Gobierno para la elaboración de la norma, que en muchos de sus aspectos supone una “recentralización” de las competencias relativas a los funcionarios Administración Local con habilitación nacional se señala, conforme a la nota de empresa emitida por el Consejo de ministros que

sigue las recomendaciones del Tribunal de Cuentas acerca de “clarificar y unificar en un único texto la normativa vigente en relación con el personal que presta servicios de control y fiscalización interna en las Entidades Locales, al objeto de fortalecer la seguridad jurídica y de evitar la confusión que pueda resultar de la pluralidad de textos normativos en los que, en la actualidad, se halla dispersa la materia, así como de las sucesivas y diversas modificaciones que en dichos textos se han venido produciendo”

La aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón

La aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón

La desigual aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón.

Varios han sido los post que desde este espacio hemos dedicado a la Ley de Cuentas Abiertas promovida por el grupo de Podemos en las Cortes de Aragón, en el que desde una visión crítica de la norma, advertíamos de la exigente pretensión de transparencia que exigía la norma, su escasa significación práctica y el ámbito subjetivo excesivo que suponía su aplicación, en principio, al conjunto de los municipios aragoneses.

Tras la rectificación del algunos de esos aspectos en la tramitación parlamentaria de la norma (específicamente su ámbito subjetivo, como señalamos aquí ) y transcurrido el plazo de seis meses con el que contaban los organismos afectados por la norma e integradas en su ámbito subjetivo, conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley, analizaremos el resultado práctico de la misma para advertir si la misma se corresponde con la finalidad exigida o si, como ya anticipamos, se incumple flagrantemente con los extremos exigidos en la Ley, en especial, en lo relativo a la información que al respecto de los movimientos de las cuentas debiera aparecer reflejado en los portales de transparencia.   

Como ya dijimos, el ámbito subjetivo de la norma viene definido en el artículo 2 de la norma, si bien en el presente texto analizaremos la aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón a las entidades más significativas de la misma, con especial referencia al conjunto de la Administración Local Aragonesa, a la que dedicaremos un post específico.

Aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón por las Cortes de Aragón.

La institución parlamentaria cuenta con apartado especifico en su página web dedicada a la aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas en la sección de “transparencia” “información económica y presupuestaria”, cumpliendo formalmente con su obligación de suministro de información.

A través de ese enlace, las Cortes de Aragón, facilitan información de las cuentas de su titularidad a fecha de diciembre de 2017 que se limita a reseñar, el número de cuentas que posee la institución y el saldo de la misma a esa fecha.

Sin embargo, y contrariamente a lo reseñado en el texto legal, la institución no da cumplimiento a lo reseñado en el artículo 3.3 de la norma, al carecer de los movimientos producidos sobre las cuentas que publica . A estos efectos recordaremos que el reseñado artículo obliga a publicar:

3. Deberán publicarse también los siguientes datos sobre cada movimiento, entendiendo el movimiento como se identifica en la contabilidad:
a) Destinatario. No se incluirá esta información cuando, conforme a lo dispuesto en la
normativa sobre transparencia, en la de protección de datos y en esta misma ley, resulte
improcedente. b) Concepto que motiva el movimiento. c) Fecha del movimiento. d) Importe del movimiento

Aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón por el Justicia de Aragón

El Justicia de Aragón, al igual que las Cortes de Aragón, cumplen formalmente con la exigencia legal de destinar en su portal web, en la parte dedicada a la transparencia un enlace dedicado al cumplimiento de las exigencias de la aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón. Sin embargo, y al igual que sucede con la institución parlamentaria no se procede a la publicación de los movimientos que le exige la norma.

Aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón por la Camara de Cuentas.

A diferencia de Justicia de Aragón y las propias Cortes de Aragón, el máximo órgano de fiscalización externa de las cuentas de nuestra Comunidad Autónoma si cumple con la totalidad de las exigencias de información en materia de cuentas abiertas. Así, como puede obervarse en su página web , no solo se da información de las cuentas de que dispone la entidad, sino también de sus movimientos.

 

Aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su Sector Público

Al igual que la máxima de las instituciones aragonesa, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, se limita en la página de transparencia a reproducir un listado del conjunto de cuentas bancarias que posee la Administración y el conjunto de entidades que conforman su sector público sin efectuar ningun tipo de indicación al respecto de los movimientos de las mismas, ni mucho menos, al respecto de la posibilidad de tratamiento de los datos que la propia Ley específica.

Aplicación de la Ley de Cuentas Abiertas de Aragón por la Universidad de Zaragoza

 

Idéntico defecto que las anteriores instituciones, la Universidad de Zaragoza, se limita en su portal web a listar el conjunto de cuentas bancarias abiertas de su titularidad excluyendo las cuentas restringidas de recaudación y las correspondientes a provisiones de fondos, pero sin listar los movimientos a los que viene obligada por la norma.

 

 

Del breve examen de las instituciones analizadas de ámbito autonómico, solo la Cámara de Cuentas cumple con las exigencias normativas de publicar no solo las cuentas y sus saldos, sino también sus movimientos, acreditando de este modo las dificultades que ya advertíamos al respecto de la finalidad de la norma. En el ámbito local, que será examinado en una entrada posterior, solo el Ayuntamiento de Huesca y la Diputación Provincial de Zaragoza, cumplen con las exigencias de la norma.

Plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón 2018

Plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón 2018

El pasado 23 de enero de 2018, el Consejo de Gobierno de Aragón, aprobó el plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón 2018, que ha sido objeto de publicación en el Portal de Transparencia. 

 

De este modo se da cumplimiento al mandato legal derivado del artículo  132 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que exige a todas las Administraciones la aprobación anual de ese plan normativo que permite conocer a los ciudadanos cual es la previsión de aprobación normativa del año en curso.

Del plan anual normativo Gobierno de Aragón 2018 publicado, (Plan Anual Gobierno de Aragón 2018), del que analizaremos la normativa concordante con la temática de este blog, se advierte una pretensión de creación y desarrollo de abundante normativa  en materia de régimen local y que recae bajo la competencia del Departamento de Presidencia. Cabe destacar:

A nivel legislativo,

  1. Proyecto de ley reguladora de la de la Comunidad Autónoma de Aragón.
  2. Proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Aragón.
  3. Proyecto de ley de creación de la Comarca Central correspondiente a la Delimitación Comarcal de Zaragoza
  4.  Proyecto de ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Texto refundido de la ley de Comarcalización de Aragón.

A nivel reglamentario,

  1. Decreto de modificación general de las Bases Reguladoras del Fondo Local. 
  2. Decreto por el que se desarrollan las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
  3. Decreto por el que se modifica el Decreto 63/2017 de 25 de abril del Gobierno de Aragón, que regula la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias y se regulan medidas para la mejora de la convivencia en la celebración de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas en establecimientos públicos y en espacios abiertos al público (iniciada su tramitación en el año 2017).
  4.  Decreto por el que se regula la creación, organización y el funcionamiento de la Academia Aragonesa de Policías Locales (iniciada su tramitación en el año 2017).
  5. Decreto por el que se regula el Registro de los Policías Locales de Aragón

Impulsado, por el Departamento de Hacienda y Administración Pública, se vuelve a incluir en el plan Anual Normativo 2018, el proyecto de ley de función pública que comenzó su andadura institucional en lo que se refiere a esta legislatura en el año 2016 (anteproyecto de ley de función pública) junto a normativa de naturaleza contractual como,

A nivel legal,

  1. Proyecto de ley de uso estratégico de la contratación pública en Aragón.

A nivel reglamentario

  1. Decreto por el que se crea la Junta de Contratación Pública y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento (iniciada su tramitación en el año 2017).
  2.  Decreto por el que se crea la Central de Compras de Aragón (iniciada su tramitación en el año 2017).
  3. Decreto por el que se regula el proceso de integración del Registro de licitadores de la CA de Aragón en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del sector público (iniciada su tramitación en el año 2017).

A los efectos de empleo público, además de las Ofertas de Empleo ordinarias a aprobar durante el ejercicio en el ámbito del SALUD y de la propia Administración de la Comunidad Autónoma, se recoge como previsión normativa la aprobación de OPE de “estabilización del empleo temporal para el año 2018” en el ámbito de la Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, del  Personal Estatutario del Servicio Aragonés de Salud  y del personal docente no universitario.

 

Por último, y en relación al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, que comprende las competencias en materia de vivienda y urbanismo, destaca la pretensión normativa siguiente:

A nivel legislativo,

  1. Proyecto de ley de vivienda de Aragón

A nivel reglamentario,

  1. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico
  2. Decreto por el que se aprueba el Plan de Vivienda 2018-2021.
  3. Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras (iniciada su tramitación en el año 2017).
  4.  Directriz Especial de Urbanismo.