Nueva regulación del procedimiento negociado en la contratación pública

Nueva regulación del procedimiento negociado en la contratación pública

La reciente publicación de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 en el BOE de fecha 9 de noviembre de 2017, en adelante LCSP, supone la definitiva defunción del procedimiento negociado en los términos que hasta ahora lo conocíamos al eliminar, entre otras cosas, la posibilidad de su utilización únicamente bajo el criterio económico.

La utilización de este tipo de procedimiento en los procesos de licitación contractual había sido estado envuelta en continua polémica: utilización excesiva del procedimiento negociado sin publicidad bajo el único criterio del precio del contrato; inexistencia de una real negociación lo que en práctica conllevaba una inadecuada limitación de la oferta posible para la obtención de un mejor precio o calidad en la prestación contratada y con ello, normalmente el encarecimiento de los costes de los servicios públicos o de la contratación administrativa.

A este respecto, la imperfección de la anterior regulación, que pretende ser objeto de superación con la norma recientemente aprobada fue objeto de análisis en otras entradas de este blog: “Procedimiento negociado y empresa no invitada o eliminación del negociado sin publicidad

La nueva regulación del procedimiento negociado, pretende mejorar ostensiblemente el régimen de este tipo de procedimiento, adecuándolo a las exigencias de no discriminación y publicidad, eliminando a su vez cualquier indicación al respecto de precio como supuesto específico de aplicación. A continuación, analizaremos la nueva regulación del procedimiento negociado plasmada en los artículos 166 y siguientes de la Ley 9/2017, nueva LCSP.

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Municipios con actualización valores catastrales para 2018

Municipios con actualización valores catastrales para 2018

La Orden HFP/885/2017, de 19 de septiembre, publciada en el BOE en fecha de 21 de septiembre de 2017, establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización valores catastrales 2018 que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ese año.

En los términos ya examinados en entradas anteriores (“actualización valores catastrales 2017”), el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, dispone que las leyes de presupuestos generales del Estado podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.

A fin de atender la solicitud de los Ayuntamientos para la aplicación de dichos coeficientes en el año 2018 es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2018 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2013.

b) Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.

c) Que la solicitud se comunique a la Dirección General del Catastro antes del 31 de mayo.

Como consecuencia del reseñado procedimiento, la Orden da publicidad a los municipios que han optado por esa posibilidad de actualización, lo cual como ya reseñamos en anteriores entradas al respecto de este mismo tema (“actualización valores catastrales 2017”) supone de facto el incremento de la recaudación municipal por IBI (y por tanto la presión fiscal a los vecinos de esos municipios) no a través de la posible subida del tipo impositivo dentro de los márgenes permitidos por la Ley de Haciendas Locales -medida peor vista-, sino a partir de la actualización de la base imponible.

Puedes consultar aquí los municipios afectados por la actualización valores catastrales 2018

 

 

 

El proyecto de ley de contratos pasa el trámite del senado

El proyecto de ley de contratos pasa el trámite del senado

El proyecto Ley Contratos fue objeto de aprobación en el Senado con la introducción de dos únicas enmiendas, siendo objeto de remisión al Congreso para la aprobación definitiva que deberá ser objeto de aprobación definitiva en los próximos meses. 

El pasado 27 de septiembre se aprobó en el Senado con dos únicas enmiendas el proyecto ley contratos,  texto remitido en su día para su tramitación por el Congreso de los Diputados, por lo que a expensas de la aprobación definitiva por la Cámara Baja, en escaso tiempo podríamos tener aprobado el nuevo texto que regirá la contratación administrativa. Texto del proyecto de Ley de contratos que contiene las enmiendas

No obstante el texto del proyecto ley de contratos establece una vacatio legis de 4 meses desde su aprobación – a salvo de los preceptos sobre gobernanza-, por lo que es previsible que sea ya bien entrado el año 2018 cuando debamos aplicar esta nueva normativa contractual.  (más…)

Ley de Cuentas Abiertas Aragón

Ley de Cuentas Abiertas Aragón

La Ley de Cuentas Abiertas no se aplicará a los municipios aragoneses de menos de 20.000 habitantes, esto es, la practica totalidad de la planta local aragonesa.

 

Tras una larga tramitación en sede parlamentaria, las Cortes de Aragón aprobaron el pasado día 15 de junio de 2017 la Ley de Cuentas Abiertas a la que ya nos habíamos referido en anteriores ocasiones en este blog:

cuentas abiertasFinalmente la norma ha sido objeto de publicación en el BOA de fecha 23 de junio de 2017 y su novedad más destacable respecto al texto de la proposición de Ley de Cuentas Abiertas es su inaplicabilidad  a la practica totalidad de los municipios aragoneses puesto que solo los de más de 20.000 habitantes estarán obligados a difundir en su portal de transparencia las movimientos de sus cuentas bancarias. Se impone de este modo la evidencia a la que ya nos referimos en anteriores entradas al señalar la imposibildad de que municipios pequeños, como los de la mayoría de nuestra planta, pudieran dar cumplimiento además de a las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia, las generadas con esta nueva norma. (más…)

Régimen de los lobbies. Ley aragonesa de Integridad y Etica Públicas

Régimen de los lobbies. Ley aragonesa de Integridad y Etica Públicas

Integridad y Etica públicas, en especial, la regulación del régimen de los grupos de interés o “lobbies” en Aragón.

El pasado 16 de junio de 2017 fue objeto de publicación en el BOA la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas. que entre otras cosas efectúa una regulación novedosa del régimen de los grupos de presión o lobbies única en España. 

La norma tiene como objeto el establecimiento del régimen de promoción, impulso y garantía de la integridad y la ética públicas en el sector público de Aragón y en las personas y entidades que se relacionan directamente con el mismo, así como la creación y regulación de la Agencia de Integridad y Ética Públicas.

La norma señala como objetivos en materia la integridad y ética pública:

  • Promover y fortalecer las medidas para garantizar la integridad y la ética públicas combatiendo eficazmente cualquier modalidad de corrupción y de clientelismo.
  • Promover, facilitar y apoyar la cooperación y asistencia entre los órganos y organismos competentes en las materias reguladas por la presente ley.
  • Crear la Agencia de Integridad y Ética Públicas como autoridad independiente en la materia, con el estatuto y las funciones establecidos en esta ley.
  • Impulsar la evaluación de políticas públicas como instrumento para garantizar su adecuado diseño y ejecución.
  • Implantar, en conexión con la evaluación de políticas públicas, la evaluación de las disposiciones normativas que las regulan, su elaboración, adecuación al objeto, fundamentación desde la perspectiva del interés general y ejecución.
  • Monitorizar la tramitación de procedimientos administrativos concretos con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y las exigencias de integridad y ética públicas.
  • Regular el régimen de los lobbies con el objetivo prioritario de garantizar la transparencia en su actuación en relación con el sector público en Aragón.
  • Establecer, a través del código de buen gobierno, los principios éticos y de conducta para las autoridades y cargos del sector público autonómico.
  • Establecer y fomentar el cumplimiento de los códigos de conducta de los empleados públicos.
  • Regular el estatuto del denunciante a los efectos establecidos en esta ley.
  • Regular los elementos esenciales del estatuto de los cargos del sector público autonómico sujetos a esta ley para garantizar su integridad y actuación ética y, en particular, para evitar sus potenciales conflictos de intereses.
  • Velar por la adecuada capacitación de los miembros de los organismos públicos y altos cargos en el desempeño de su función.
  • Establecer un régimen sancionador para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ley.

lobbiesAdemás de la creación de la Agencia de Integridad y Ética pública, que entre otras facultades, es dotada de las relativas a la actuación “contra el fraude, la corrupción, el clientelismo y cualquier otra actuación que, en perjuicio de los intereses generales, infrinja los códigos de conducta y de buen gobierno” así como la de “investigar o inspeccionar posibles casos de uso o destino irregulares de fondos públicos, así como conductas opuestas a la probidad que comporten conflicto de intereses o el uso en beneficio propio de informaciones derivadas de sus funciones públicas”, la nueva normativa resalta por la novedosa regulación del régimen de los lobbies, reconociendo por primera vez en la normativa española la existencia de la figura de los grupos de presión y, sobre todo, regulando en la medida de lo posible su régimen de funcionamiento mediante la creación de un registro de lobbies, su código de conducta y las consecuencias del incumplimiento de este. (más…)

Plan Anual normativo del Gobierno de Aragón 2017

Plan Anual normativo del Gobierno de Aragón 2017

El 28 de marzo de 2017, el Gobierno de Aragón aprobó el Plan Anual Normativo para el ejercicio de 2017 que incluye la previsión normativa del gobierno autonómico para este año (del que ya hemos consumido unos cuantos meses).

 

Esta obligación deriva del mandato legal establecido en el artículo 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PACA), por el que anualmente las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente y que, una vez aprobado, se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

Plan Anual NormativoDe entre las normas con rango de proyecto de ley cuya previsión aprobatoria se incluye en el Plan Anual Normativo del gobierno autonómico durante el año 2017  destacan el proyecto de Ley de Capitalidad de la ciudad de Zaragoza, el proyecto de ley de Memoria Democrática de Aragón,  el proyecto de ley de vivienda de Aragón  o el proyecto de ley de función pública de Aragón.

Puedes consultar aquí el Plan anual normativo del Gobierno de Aragón