Plusvalia municipal. Inexistencia de incremento de valor o menor incremento

Plusvalia municipal. Inexistencia de incremento de valor o menor incremento

STSJ Cataluña de 18/7/13: Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales incremento alguno del valor de los terrenos ,el IIVTNU no podrá exigirse

plusvalíaEl Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en adelante IIVTNU (por todos conocida como plusvalía municipal), es un impuesto de la naturaleza local que encuentra su regulación en los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (TRLHL).

En atención al artículo 104, el IIVTNU

es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

Para el cálculo de ese incremento de valor, la administración municipal, aplica un determinado porcentaje sobre el valor del terreno en el momento del devengo del IIVTNU. De acuerdo al artículo 107.2 del TRLRHL, este valor del terreno en la fecha del devengo se define en el caso de la transmisión de la propiedad como el valor catastral del mismo a efectos del IBI, mientras que si se trata de la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, hay que considerar el valor del derecho en cuestión según las normas del ITPAJD.

En los últimos tiempos y como consecuencia de la situación económica en la que nos encontramos, que tiene como causa el “pinchazo de la burbuja inmobiliaria” y la consiguiente venta de los inmuebles a precios inferiores a su adquisición, se vienen dando situaciones en que las Administraciones Locales liquidan el impuesto bajo unos hipotéticos “incrementos de valor” formalmente configurados por la normativa de aplicación y que, en la práctica, o no se dan o, dándose, son inferiores a los calculados.

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Ley de Transparencia de Aragón. Aplicación subjetiva a las Entidades Locales Aragonesas.

Ley de Transparencia de Aragón. Aplicación subjetiva a las Entidades Locales Aragonesas.

transparencia

práctica social guiada por la sinceridad y por la perfecta o casi perfecta accesibilidad a toda la información vinculada, y que concierne e interesa a la opinión pública, o a un sector de la misma, o incluso a un solo individuo

@sclaverom 

El pasado 10 de abril de se publicó en el BOA  la  Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón ( Ley Transparencia de Aragón)

Ambito competencial.

Transparencia de Aragón

Transparencia de Aragón

La normativa aragonesa  sobre transparencia tiene por objeto desarrollar, completar y ampliar las obligaciones que contiene la  norma básica estatal en materia de transparencia, esto es, la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como establecer los mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos que reconoce a los ciudadanos y las ciudadanas.

Objetivo.

En los términos reseñados en la exposición de motivos la norma, se señala, supone la “culminación de la política de participación ciudadana impulsada en la Comunidad Autónoma de Aragón  y que ha permitido generar progresivamente una nueva cultura política y administrativa para la construcción de un Gobierno y una Administración relacional, basados en la cercanía y la relación directa con los ciudadanos y las ciudadanas”

 

En definitiva, la ley pretende construir un modelo de Gobierno y Administración pública que genere confianza en los ciudadanos y las ciudadanas e incentive su participación, garantizando su derecho a ser informados y en  consecuencia permitiendo el control de la actuación pública y la exigencia de responsabilidades  (más…)

Derecho Local Aragonés. Leyes en tramitación. (I)

Derecho Local Aragonés. Leyes en tramitación. (I)

Por Sergio Clavero Miguel

@sclaverom

Como ya he venido reseñando en alguna de las entradas de este blog en las últimas fechas venimos sufriendo un considerable incremento de las modificaciones legislativas en todos los ámbitos del Derecho.

Así ya es habitual que todos los operadores jurídicos nos enfrentemos los sábados a la última edición del BOE en el que “digerir” la última  norma que con rango de Ley fue aprobada con carácter de “excepcionalidad” y “urgencia” (motivada o no)  el viernes anterior y  que con  habitualidad entra en vigor el mismo día de su publicación modificando un sinfín de normas de un plumazo.  Ni que decir tiene de esas modificaciones legislativas amparadas en pretensiones “reformistas”, “economicistas” y “simplificadoras” también salpican toda norma que con rango de Ley viene siendo aprobada por las Cortes Generales de modo que es habitual que la aprobación de una Ley sirva para reformar otras muchas sin técnica legislativa alguna. Baste señalar como ejemplo el aforamiento del antiguo monarca producida a través de la introducción de varias disposiciones en  de Ley Orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En igual medida que el ejecutivo nacional el ejecutivo aragonés, imbuido, por un lado, de las intenciones reformistas y la racionalización del sistema, y por otro lado,  por la loable pretensión de desarrollar la normativa básica existente a nivel estatal con “especialidades aragonesas” y consiguiente desarrollo estatutario  se ha apuntado a esa fiebre normativa (con algo más de orden eso si) remitido en las últimas fechas un buen número de normas a las Cortes de Aragón.

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Y al final vió la luz … Texto de la Reforma Local

Y al final vió la luz … Texto de la Reforma Local

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Tras mas de un año de textos, modificaciones, informes … el pasado 26 de julio de 2013 se aprobaba en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  Versión del Consejo de Ministros

Sus pretensiones, las ya tantas veces comentadas: la eliminación de las competencias impropias, la potenciación de las Diputaciones Provinciales para la prestación de los servicios  obligatorios en los municipios de menos de veinte mil habitantes, el incentivo de las fusiones voluntarias de municipios, el aumento de  las trabas para la escisión o creación de nuevos municipios y la inexistencia de  convenios entre Administraciones sin financiación …

Sin embargo las dudas sobre la violación  de la autonomía local (Dictamen Consejo de Estado)  y su excesiva visión economicista de los servicios que prestan nuestros Ayuntamientos -sin atender a otros criterios de carácter social o territorial-  debieran suponer la reforma en su tramitación parlamentaria, extremo este que se antoja casi imposible.

A pesar de la esperanza de modificación … bueno será ir estudiando el nuevo texto con la comparativa del articulado de  Montse Carpio que se adjunta. Ver

Reclamación de cantidad a Administraciones Públicas por trabajos ejecutados.

Reclamación de cantidad a Administraciones Públicas por trabajos ejecutados.

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La actual situación de crisis económica y la situación en la que se encuentran muchos empresarios de nuestro país está incrementando las consultas para la interposición de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales oportunas para el cobro de las cantidades adeudadas por Ayuntamientos, Comarcas, Diputaciones … Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la deuda que las Administraciones Públicas españolas mantienen con los trabajadores autónomos asciende a 5.110 millones de euros  http://www.ata.es/noticia.php?id=428

A estos efectos y aunque el profesional o empresario únicamente desee le sean abonadas las cuantías adeudadas como principal hay que tener en cuenta que el artículo  217 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en conjunción con lo reseñado en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de medidas de lucha contra la morosidad modificada por la Ley 15/2010 de 5 de julio,  establece unos estrictos periodos para el pago de las cuantías adeudadas y un procedimiento adecuado en sede judicial que permite la obtención como medida cautelar del abono de las cuantías.

Respecto al plazo para el pago de la factura el TRLCAP establece  en el artículo 216.4  que:

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el artículo 222.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a la prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.

Así el artículo 217 de TRLCAP establece:

Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas.

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 216.4 de esta Ley, los contratistas podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

Por tanto, bastará el requerimiento para el pago a la Administración transcurrido el plazo de 30 días y que esta no conteste en el plazo de un mes al citado requerimiento para tener expedita la vía contenciosa frente a la inactividad de la Administración (que no devenga tasas ) y, al menos en teoría el reconocimiento de la medida cautelar de pago.

+info: sergiocmiguel@gmail.com