Prorroga de la utilización superavit por las entidades locales y nuevo ambito de aplicación inversiones

El Real Decreto Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo, publicado en el BOE de 24 de marzo, amplía el ámbito objetivo de la inversión a aplicar por las Entidades Locales como consecuencia de la liquidación presupuestaria.

El Consejo de Ministros, aprobó el pasado día 23 de marzo de 2018, la prórroga de la posibilidad ya establecida en los presupuestos generales de los años 2016 y 2017 de utilización superavit de las Entidades Locales  -al menos en parte- a las denominadas inversiones financieramente sostenibles si bien, en este caso, la novedad del Real Decreto Ley estriba en que se  amplían los servicios públicos en los que podrán realizarse estas Inversiones Financieramente Sostenibles, que no computan en la regla de gasto y con las cuales se trata de evitar la generación de gastos no financieros futuros que puedan ser fuente de déficit. El objetivo pretendido es poder mejorar la prestación de estos nuevos servicios públicos esenciales para la comunidad y hacer un mayor uso del superávit, siempre que ese uso sea de carácter racional y no genere déficit al final del ejercicio.

Los nuevos ámbitos en los que se van a poder proceder a la utilización superavit por las Entidades Locales, esto es, realizar Inversiones Financieramente Sostenibles a partir de este Real Decreto Ley son los de servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, creación y funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial, biblioteca y archivos, e inversiones en equipamientos culturales y museos y en instalaciones deportivas.

De igual modo, se incluirán también como tales inversiones las que se realicen en mobiliario y enseres destinados a servicios que ya están catalogados como receptores de aquellas inversiones; así como los
vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y de transportes de viajeros.

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