El gobierno de España recurre al Constitucional la Ley de Salud de Aragón
La interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a la norma tiene como efecto inmediato la paralización OPE extraordinaria SALUD objeto de aprobación por el ejecutivo autonómico y que preveía la cobertura de 1.483 plazas actualmente ocupadas mediante personal interino
El Consejo de Ministros del pasado día 17 de marzo de 2017, habilitó la solicitud por el Presidente del Gobierno de la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Aragón 12/2016, de 15 de diciembre, que modificaba la Ley 6/2002, de 15 de abril de Salud de Aragón y que supone la paralización OPE extraordinaria SALUD.
Como ya explicamos en este blog, la ley, aprobada por unanimidad por las Cortes de Aragón habilitaba al ejecutivo autonómico la aprobación de ofertas públicas de empleo con carácter excepcional y extraordinario para la consolidación y estabilización del personal del Servicio Aragonés de Salud y de las empresas públicas y entes de carácter sanitario, circunstancia que se produjo mediante la aprobación del Decreto 188/2016, de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón.
A juicio del Gobierno Central y pese a que, en puridad las plazas ya existen, están dotadas presupuestariamente y vienen siendo ocupadas por personal temporal, la norma supone una «extralimitación competencial ya que habilita al Gobierno de Aragón para la convocatoria de 1.483 plazas que no computan para el cálculo de la oferta de empleo público, de acuerdo con la tasa de reposición establecida por el Estado en los Presupuestos Generales del Estado. La Ley asume expresamente que la oferta de plazas no se fundamenta en la tasa de reposición ordinaria»
La consecuencia de esta decisión es la automática suspensión de la OPE habida cuenta que no se ha habilitado el procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Organica del Tribunal Constitucional que permite que en el seno de la Comisión Bilateral, Estado y Comunidad Autónoma inicien negociaciones para la eliminación de la discrepancia y la no suspensión de la efectividad de la norma.
