Adiós al contrato menor que nació de la Ley 9/2017

Adiós al contrato menor que nació de la Ley 9/2017

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Desaparecen las condiciones al respecto de la anualidad del contrato menor nacidas como consecuencia de la Ley de Contratos del Sector Público

No vamos a decir que haya sido una modificación que nos haya pillado por sorpresa porque se esperaba que más tarde o temprano se produjera la eliminación de la limitación de la “anualidad” que regía la contratación menor en la nueva ley de contratos y que motivaba más de un quebradero de cabeza a muchos “gestores públicos”.

Tweet de 5 de febrero de 2020 fecha de la publicación de la norma en el BOE

Ha sido con ocasión de la aprobación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, cuando el Gobierno ha introducido la modificación del artículo 118, regulador del “expediente de contratación” del contrato menor eliminando parte del apartado tercero que establecía:

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º

Recordemos que este apartado fue objeto de múltiples controversias jurídicas al respecto si la “anualidad” se refería a los contratos celebrados durante el año presupuestario o de fecha a fecha o incluso si la limitación temporal se refería al conjunto de los contratos que celebraba el contratista con la Administración o con cada uno de los órganos de contratación de cada administración.

contrato menor

Pues bien, como consecuencia de la “evolución” normativa, probablemente marcha atrás, volvemos a la casilla de salida (anterior a la LCSP) y nuevamente volverá a criticarse la utilización de este tipo de contratación para evitar la concurrencia, que permite “dar” nuevamente multitud de contratos menores a los mismos durante el mismo ejercicio, probablemente que limita la concurrencia …, si , pero paralelamente se habrá podido resolver muchas de las contrataciones de pequeños municipios donde la concurrencia está de por si limitada por la propia configuración del municipio y donde los contratos menores de obras y/o servicios son la solución contractual ágil y necesaria para el mantenimiento de la calidad de vida de sus gentes.

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Plan normativo del Gobierno de Aragón en 2020

Plan normativo del Gobierno de Aragón en 2020

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El Gobierno de Aragón aprobó en el Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019 su plan normativo para 2020

Conforme a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por el que “anualmente, las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente”, el Gobierno de Aragón ha hecho publico los proyectos normativos a tramitar por cada departamento en el año que acabamos de iniciar y que constituyen el Plan normativo del Gobierno de Aragón en 2020.

De entre las normas que el ejecutivo aragonés pretende impulsar y que se encuentran incluidas en el Plan normativo del Gobierno de Aragón en 2020, destacan algunas que la pasada legislatura no llegaron a aprobarse y que por dicha circunstancia debieran tener, en principio, una tramitación mucho más simple convirtiéndose de ese modo en las primeras que sean remitidas a las Cortes de Aragón para su tramitación.

Así por ejemplo, la modificación de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón que ya ha sido objeto de toma de conocimiento en el Consejo de Gobierno de primeros de noviembre de 2019 y cuyo anteproyecto ya se encuentra en tramitación; la Ley del fondo Aragonés de Financiación Municipal de la que ya ha tomado conocimiento el Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019 o la Ley de Vivienda de Aragón que, a pesar de las muchas esperanzas, en la legislatura pasada llegó a remitirse a las Cortes para su aprobación.

Plan normativo del Gobierno de Aragón en 2020

La Reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón

La reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón tiene por objetivo modificar la regulación relativa a la capacidad normativa del Gobierno de Aragón (a la vista de la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018) y la propia regulación del procedimiento para la elaboración normativa en su seno y a esta fecha ya cuenta con una segunda versión del Anteproyecto.

En la exposición del motivos del anteproyecto de Ley, se justifica la elaboración de la norma al reseñarse” que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha visto especialmente afectada en la regulación del Título VI “De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones” por la STC 55/2018, de 24 de mayo. No podemos olvidar que esta sentencia tiene su antecedente inmediato en la STC 91/2017, de 6 de julio, en la que se resolvió la impugnación realizada por el Gobierno de Canarias sobre los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, artículos que sirvieron de precedente de algunas de las cuestiones incluidas posteriormente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En la STC 91/2017, de 6 de julio, se argumenta que en la regulación de toda iniciativa normativa el procedimiento legislativo debe quedar excluido de su ámbito de aplicación mientras que los procedimientos que tengan por objeto la elaboración de las disposiciones reglamentarias sí que pueden ser objeto de interferencias por parte de la legislación básica, con base en el título competencial relativo a las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. En consonancia con lo anterior, en la STC 55/2018, de 24 de mayo, sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a la impugnación de los artículos 129 (salvo el apartado 4, párrafos segundo y tercero que se analizan en un fundamento jurídico separado), 130 y 132; el Tribunal Constitucional estima el recurso y declara que dichos preceptos no son aplicables a las iniciativas legislativas de las Comunidades Autónomas, pero sí cuando se ejerce la potestad reglamentaria. Dentro de las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la elaboración de un proyecto normativo hay que tener en cuenta que el artículo 133 introduce un nuevo trámite con carácter previo a la elaboración de un proyecto de ley o de reglamento, denominado consulta pública previa, que contempla la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. De este artículo, el Tribunal Constitucional en la sentencia mencionada sólo mantiene el carácter básico, y únicamente respecto a iniciativas reglamentarias, del primer inciso de apartado 1, así como el primer párrafo del apartado 4. Por lo que se refiere a los trámites de audiencia e información pública la única regulación aplicable es el artículo 49 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo; en tanto en cuanto lo dispuesto en el artículo 133 Ley 39/2015, de 1 de octubre respecto a estos trámites no tiene carácter básico conforme a lo establecido en la STC 55/2018, de 24 de mayo, antes referida que de forma expresa fundamenta que “las demás previsiones del artículo 133 – a salvo del apartado 1, primer inciso y 4, primer párrafo-, descienden a cuestiones procedimentales de detalle desbordando el ámbito de lo básico; vulneran por ello las competencias estatutarias de las Comunidades Autónomas en relación con la elaboración de sus propias disposiciones normativas

Ley Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal

Esta iniciativa legislativa que resultó truncada como consecuencia de la finalización de la legislatutra anterior que impidió su tramitación en sede parlamentaria tiene como finalidad la mejora del sistema de financiación de los municipios aragoneses.

Desde el reconocimiento de que el sistema de financiación previsto en la actual Ley de Administración Local de Aragón, no permite dar estabilidad a la financiación local, dado que está sujeta a la incertidumbre derivada de la voluntad política coyuntural, pues la cuantía anual del Fondo de Cooperación Municipal se fija anualmente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma con el único límite de no ser inferior al 25% del total destinado a los programas específicos de transferencias a entidades locales previstos en el artículo 260.3 de la misma norma, el anteproyecto de la Ley Reguladora del Fondo Aragonés de Financiación Municipal, ya aprobado a esta fecha tiene por objeto regular la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón con los municipios de su territorio, a través de la participación de éstos en los ingresos no financieros de la misma, excluidos los de naturaleza finalista, con el fin de contribuir a la suficiencia financiera y a la realización del principio de solidaridad.

Plan normativo del Gobierno de Aragón en 2020

De este modo, se crea el Fondo cuyos destinatarios son todos los municipios de Aragón, con las siguientes notas características:

  1. Se establece un importe mínimo garantizado a trasferir a los municipios.
  2. Se regulan los incrementos anuales que podrá experimentar desde el momento de su aplicación, el Fondo Aragonés de Financiación Municipal, fijando un límite máximo.
  3. Se fijan los criterios de distribución tanto para el importe mínimo garantizado como para los incrementos.

Las iniciativas legales incluidas en el Plan normativo del Gobierno de Aragón en 2020

Estas son las normas legales que pretenden ser remitidas a las Cortes de Aragón por el ejecutivo aragonés durante 2020 e incluidas en el Plan anual normativo del Gobierno de Aragón correspondiente al año 2020

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Proyecto de Ley de dinamización del Medio Rural.
Proyecto de Ley del Fondo Aragonés de Financiación Municipal.
Proyecto de Ley de Mediación de Aragón.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragonés de la Mujer.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad de Aragón.
Proyecto de modificación de la Ley 5/2000, de 28 de noviembre, de relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior.
Proyecto de Ley de regulación de las zonas de desarrollo económico y comercial.
Proyecto de Ley de Economía Social de Aragón.
Proyecto de Ley de Estadística de Aragón.
Proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón.
Proyecto de Ley de organización y uso estratégico de la contratación pública en Aragón.
Proyecto de Ley por el que se regula el Impuesto sobre contaminación de las aguas (en colaboración con el Instituto Aragonés del Agua). 
Proyecto de Ley por la que se modifica el Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el texto refundido de la legislación sobre impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón y se crean diversos impuestos medioambientales. 
Proyecto de Ley por la que se crea el Impuesto sobre bebidas azucaradas.
Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de los tributos cedidos, para la modernización y racionalización del sistema tributario de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Proyecto de Ley sobre obligaciones formales de la fiducia aragonesa en materia tributaria.
Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre.
Proyecto de Ley de Participación Educativa de Aragón.
Proyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón.
Proyecto de Ley de Cambio Climático de Aragón.
Proyecto de Ley por el que se regula el Impuesto sobre contaminación de las aguas (en colaboración con el Departamento de Hacienda y Administración Pública) 
Proyecto de Ley de extinción de las Cámaras Agrarias Provinciales de Aragón.
Proyecto de Ley de representación de las organizaciones profesionales agrarias.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal de Aragón.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre de Protección contra la contaminación acústica de Aragón.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica de Aragón.
Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los Usuarios.

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Aumento retribuciones del personal del sector público para 2020

Aumento retribuciones del personal del sector público para 2020

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El BOE publica la subida del sueldo del personal público para 2020

El Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público determina el incremento del salario de los empleados públicos en un 2% con efectos desde 1 de enero de 2020 introduciendo como el ejercicio anterior la posibilidad de que el incremento sea mayor en función de la variación del PIB.

La norma aprobada en el Consejo de Ministros del día 20 de enero de 2020 no es sino la consecuencia de la aprobación del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de 2018 por el Gobierno de España, y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF, que establece un marco plurianual de incremento retributivo para los empleados al servicio de las Administraciones Públicas que se extiende entre los años 2018 y 2020. En dicho acuerdo se prevé para los citados años un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía, que deberán recoger las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

sueldo funcionarios 2020

Habida cuenta de la situación de presupuestos prorrogados el ejecutivo , vía decreto ley da cumplimiento al acuerdo suscrito elevando en un 2% fijo las retribuciones existentes hasta 31 de diciembre de 2019 y condiciona el incremento salarial variable al incremento del PIB del siguiente modo:

  • Si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial.
  • Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:
    • PIB igual a 2,1: 2,20 %.
    • PIB igual a 2,2: 2,40 %.
    • PIB igual a 2,3: 2,60 %.
    • PIB igual a 2,4: 2,80 %.

Para la efectividad del incremento adicional para el sueldo deberá adoptarse nuevo acuerdo de Consejo de Ministros una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018.

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Integración de la solvencia con medios externos en la LCSP

Integración de la solvencia con medios externos en la LCSP

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La posibilidad de implementar la solvencia de una PYME para la contratación

Desde el anterior TRLCSP la posibilidad de integración de la solvencia en la contratación ha sido uno de las formas para el acceso a la contratación pública para las pequeñas empresas. No obstante, hay que reconocer que dicha posibilidad no ha sido muy utilizada por la mayorías de las PYMEs que han visto en la contratación pública, habitualmente, un conjunto de procedimientos farragosos demasiado complicados para sus habituales actividades. Además la habitual “individualidad” y atomización de nuestras empresas han hecho muy difícil esa integración de la solvencia como un medio de colaboración entre empresas para acudir a los procedimientos de licitación.

En la actual Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 , la integración de la solvencia con medios externos viene definida en el artículo 75, en los términos siguientes:

Artículo 75. Integración de la solvencia con medios externos. 1. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1.e), o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades. 2. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, previo requerimiento cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 140. 3. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario. 4. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas partes o trabajos, en atención a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma, siempre que así se haya previsto en el correspondiente pliego con indicación de los trabajos a los que se refiera.

integración de la solvencia

De la lectura del artículo 75 de la LCSP se determina como elemento fundamental de la integración de la solvencia en la contratación administrativa y, por lo tanto, como condición sine qua non, que la empresa muestre ante el poder adjudicador que dispondrá de los recursos necesarios para la ejecución del contrato, y lógicamente, corresponde a la entidad licitadora (poder adjudicador) comprobar que el licitador podrá efectivamente utilizar los medios de todo tipo que haya invocado, y que esa disponibilidad no se presume, por lo que el órgano al que corresponda apreciar la solvencia de los licitadores o candidatos presentados a un procedimiento de adjudicación deberá examinar minuciosamente las pruebas aportadas por el licitador al objeto de garantizar a la entidad adjudicadora que en el periodo al que se refiere el contrato el licitador podrá efectivamente utilizarlos.

Por tanto, podemos señalar como requisitos para la integración de la solvencia las siguientes:

  • Demostración de que se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del contrato mediante la integración
  • Es indiferente el tipo de vinculación jurídica entre las empresas, licitadora y que integra los requisitos de solvencia siempre que quede demostrada la disponibilidad de medios
  • La integración tiene como limite las prohibiciones de contratar
  • Si la integración se refiere relativas a la solvencia económica o financiera los pliegos pueden establecer requisitos de responsabilidad conjunta
  • Los pliegos podrán señalar elementos que siempre hayan de ser ejecutados por el contratista principal

Los limites de la integración de la solvencia.

Una de las lógicas cuestiones que se podría plantear es si toda la solvencia puede ser integrada por un tercero o, si como parece lógico, existen limitaciones a dicha integración. A estos efectos, ¿cabría que un licitador acreditara toda su solvencia económica, financiera o técnica, mediante la de un tercero?.

A este interrogante contesta de modo negativo, entre otras, la Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 23 de mayo de 2012, que con análisis de la anterior Ley de Contratos (2007), señala como límite el requisito de capacidad (apitud para contratar) al indicar que:

Así, de la interpretación conjunta de los artículos 52 y 43.1 de la LCSP, se ha de considerar que, aunque el empresario puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 52 de la LCSP para acreditar su solvencia, ha de cumplir asimismo lo previsto en el artículo 43.1, por lo que será requisito indispensable para contratar con el sector público que acredite un mínimo de solvencia mediante medios propios, con independencia de que el resto lo pueda acreditar con medios ajenos, conforme a lo previsto en los artículos 51 y 52, pues, de lo contrario, no se le podría considerar apto para contratar con el sector público, al incumplir lo dispuesto en el artículo 43.1 de la LCSP.

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La nota de prensa como Fuente del Derecho

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Al respecto de la prórroga del destino del superávit para financiar las inversiones financieramente sostenibles durante el ejercicio de 2019

A lo largo de esta semana hemos asistido a una de esas situaciones esperpénticas a las que nos tiene acostumbrados en las últimas fechas el “legislador” -en sentido amplio de la palabra- fruto de una producción normativa desordenada y sin criterio alguno.

La cuestión surgía como consecuencia de la aprobación por muchos municipios de las correspondientes liquidaciones del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2018. A estos efectos, resulta necesario indicar que en los términos del artículo la liquidación del presupuesto de las EELL debe ser objeto de aprobación de formulación a 1 de marzo del ejercicio siguiente y que en ella, obviamente y como uno de sus elementos más significativos su resultado presupuestario, esto es, si ha existido superávit o déficit como consecuencia de dicha liquidación.

Pues bien, como consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, desde el año 2013, el superávit obtenido por las EELL únicamente puede financiar la reducción del nivel de endeudamiento. No obstante esa norma sufrió con la propia promulgación de la norma una “excepción” que posteriormente se ha convertido en regla, cual es, la posibilidad de que las EELL puedan financiar con dicho superávit inversiones financieramente sostenibles. (Disposición Adicional Sexta de la LOEPySF) . Para ello de un modo u otro (Ley de Presupuestos o Decreto Ley) esa Disposición Adicional que solo tenía en un principio una vigencia anual se fue prorrogando anualmente para cada uno de los ejercicios desde la promulgación.

En este estado de cosas y habida cuenta de la situación política nacional, disolución de las Cortes e inexistencia de presupuestos, a lo largo del mes de marzo muchos interventores municipales advirtieron la inexistente prórroga de la Disposición Adicional Sexta de la LOEPySF con la consiguiente imposibilidad de “anunciar” por los órganos municipales nuevas inversiones para el presente ejercicio con cargo a su “adecuada” gestión presupuestaria en el ejercicio -notese con el examen de las urnas cercano-. Ello motivo, que el Ministerio de Hacienda el 25 de marzo de 2019, “permitiera” a través de una nota de prensa que las Entidades Locales pudieran “iniciar los procedimientos de gestión correspondientes de cara a ir agilizando los trámites previos” para la utilización del superávit, circunstancia que atenta con la necesaria seguridad jurídica y que creó, como dijimos y al menos por unos días “una nueva fuente del Derecho Administrativo”, esto es, la Nota de Prensa.

Hoy sábado la “nota de prensa”, tras el támiz del Consejo de Ministros del sábado 29 de marzo de 2019, se ha convertido en norma jurídica en forma de  Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019  el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional

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Aprobado el Reglamento de entidades urbanísticas colaboradoras de Aragón

Aprobado el Reglamento de entidades urbanísticas colaboradoras de Aragón

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Aprobado el Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Aragón

El BOA de 13 de diciembre de 2018 publica el Decreto 210/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Aragón, que entrará en vigor el 13 de enero de 2019.

El Reglamento de entidades urbanísticas colaboradoras de Aragón que desplaza la estatal supletoria, esto es,  los artículos 8, 67 a 70, 128, 129 y 157 a 193 del Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto y que deroga la regulación específica autonómica (artículos 8, 11, 12.1, 13, 14, 15 y 16 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños municipios, y los artículos 25 a 32 del Decreto 20/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro Público de Convenios Urbanísticos, el Registro Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo y el Registro Administrativo de Entidades Colaboradoras y Programas, y se aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento), tiene como objeto mejorar y sistematizar la dispersa normativa existente al respecto de las entidades urbanísticas colaboradoras en Aragón y, sobre todo, regular las nuevas entidades urbanísticas colaboradoras que han aparecido en los últimos años en la legislación estatal y autonómica, derivadas de la legislación básica sobre rehabilitación y renovación urbanas y la nueva regulación de los planes o proyectos de interés general de Aragón.

De la elaboración de este Reglamento ya dimos cuenta en la entrada (aquí) de octubre de 2016, a la que acompañamos el proyecto de reglamento y la memoria del mismo elaborada por la Dirección General de Urbanismo.

Conforme a la norma aprobada quedan reguladas y sistematizadas, las siguientes entidades urbanísticas colaboradoras:

  1. Las juntas de compensación.
  2. Las asociaciones administrativas de propietarios en el sistema de gestión directa por cooperación.
  3. Las agrupaciones de interés urbanístico en el sistema de gestión indirecta por urbanizador.
  4. Las entidades de conservación.
  5. Las juntas de rehabilitación.
  6. Las entidades colaboradoras en la ejecución de planes y proyectos de interés general de Aragón.
  7. Las juntas provisionales.

El Reglamento de Entidades urbanísticas colaboradoras aprobado introduce  novedades regulatorias, o simplemente, en algunos casos, aclaraciones al respecto del régimen jurídico existente en los términos que han sido interpretadas por los tribunales de justicia que permitirán un ejercicio más adecuado de las funciones públicas encargadas a las entidades urbanísticas colaboradoras por el ordenamiento jurídico.

Así por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, el Reglamento determina al respecto del funcionamiento de las juntas de compensación una interpretación al respecto del silencio del propietario en el momento del requerimiento para la incorporación a la misma;  aclara la necesidad de sujeción de las mismas al régimen derivado de la legislación de contratos públicos habida cuenta de la función pública urbanística que llevan a cabo estableciendo incluso un contenido mínimo de los contratos a celebrar entre urbanizador (elegido tras el oportuno procedimiento de concurrencia y publicidad) o refuerza las posibilidades de actuación de la Junta frente al incumplimiento de abono de derramas por sus miembros integrantes.

Al respecto de las Entidades de Conservación, por ejemplo, se prevé la posibilidad de que las mismas puedan llevar a cabo funciones relativas a la gestión de servicios comunes, siempre que los mismos sean recogidos en los estatutos, permitiéndose de este modo la determinación de algunos servicios más allá de la “simple” conservación y mantenimiento de la urbanización.

Por último, las mayores novedades residen en la propia regulación, hasta ahora inexistente, de las nuevas tipologías recogidas en el Reglamento, esto es, Juntas de Rehabilitación -derivadas de la Ley de rehabilitación y renovación urbanas- que tienen como finalidad de ejecutar o colaborar con la Administración en la ejecución de actuaciones de rehabilitación, renovación o regeneración urbana, las entidades colaboradoras en la ejecución de planes y proyectos de interés general de Aragón -derivadas de la Ley de Ordenación del Territorio Aragonesa-  que tienen por finalidad regular la participación de los propietarios a través de los posibles sistemas de ejecución definidos en la norma y las juntas provisionales, ente preexistente a las juntas de compensación y que precisamente tienen como finalidad impulsar la acción urbanística (redacción planes, modificación planeamiento, aprobación estatutos de junta y bases  etc …).

 

 

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