Plan normativo del Gobierno de Arag贸n en 2020

Plan normativo del Gobierno de Arag贸n en 2020

El Gobierno de Arag贸n aprob贸 en el Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2019 su plan normativo para 2020

Conforme a lo dispuesto en el art铆culo 132 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Com煤n de las Administraciones P煤blicas por el que “anualmente, las Administraciones P煤blicas har谩n p煤blico un Plan Normativo que contendr谩 las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobaci贸n en el a帽o siguiente”, el Gobierno de Arag贸n ha hecho publico los proyectos normativos a tramitar por cada departamento en el a帽o que acabamos de iniciar y que constituyen el Plan normativo del Gobierno de Arag贸n en 2020.

De entre las normas que el ejecutivo aragon茅s pretende impulsar y que se encuentran incluidas en el Plan normativo del Gobierno de Arag贸n en 2020, destacan algunas que la pasada legislatura no llegaron a aprobarse y que por dicha circunstancia debieran tener, en principio, una tramitaci贸n mucho m谩s simple convirti茅ndose de ese modo en las primeras que sean remitidas a las Cortes de Arag贸n para su tramitaci贸n.

As铆 por ejemplo, la modificaci贸n de la Ley del Presidente y del Gobierno de Arag贸n que ya ha sido objeto de toma de conocimiento en el Consejo de Gobierno de primeros de noviembre de 2019 y cuyo anteproyecto ya se encuentra en tramitaci贸n; la Ley del fondo Aragon茅s de Financiaci贸n Municipal de la que ya ha tomado conocimiento el Consejo de Gobierno de 17 de diciembre de 2019 o la Ley de Vivienda de Arag贸n que, a pesar de las muchas esperanzas, en la legislatura pasada lleg贸 a remitirse a las Cortes para su aprobaci贸n.

Plan normativo del Gobierno de Arag贸n en 2020

La Reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno de Arag贸n

La reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno de Arag贸n tiene por objetivo modificar la regulaci贸n relativa a la capacidad normativa del Gobierno de Arag贸n (a la vista de la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018) y la propia regulaci贸n del procedimiento para la elaboraci贸n normativa en su seno y a esta fecha ya cuenta con una segunda versi贸n del Anteproyecto.

En la exposici贸n del motivos del anteproyecto de Ley, se justifica la elaboraci贸n de la norma al rese帽arse” que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha visto especialmente afectada en la regulaci贸n del T铆tulo VI 鈥淒e la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones鈥 por la STC 55/2018, de 24 de mayo. No podemos olvidar que esta sentencia tiene su antecedente inmediato en la STC 91/2017, de 6 de julio, en la que se resolvi贸 la impugnaci贸n realizada por el Gobierno de Canarias sobre los art铆culos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, art铆culos que sirvieron de precedente de algunas de las cuestiones incluidas posteriormente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En la STC 91/2017, de 6 de julio, se argumenta que en la regulaci贸n de toda iniciativa normativa el procedimiento legislativo debe quedar excluido de su 谩mbito de aplicaci贸n mientras que los procedimientos que tengan por objeto la elaboraci贸n de las disposiciones reglamentarias s铆 que pueden ser objeto de interferencias por parte de la legislaci贸n b谩sica, con base en el t铆tulo competencial relativo a las bases del r茅gimen jur铆dico de las Administraciones P煤blicas. En consonancia con lo anterior, en la STC 55/2018, de 24 de mayo, sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a la impugnaci贸n de los art铆culos 129 (salvo el apartado 4, p谩rrafos segundo y tercero que se analizan en un fundamento jur铆dico separado), 130 y 132; el Tribunal Constitucional estima el recurso y declara que dichos preceptos no son aplicables a las iniciativas legislativas de las Comunidades Aut贸nomas, pero s铆 cuando se ejerce la potestad reglamentaria. Dentro de las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la elaboraci贸n de un proyecto normativo hay que tener en cuenta que el art铆culo 133 introduce un nuevo tr谩mite con car谩cter previo a la elaboraci贸n de un proyecto de ley o de reglamento, denominado consulta p煤blica previa, que contempla la participaci贸n de los ciudadanos en el procedimiento de elaboraci贸n de normas con rango de ley y reglamentos. De este art铆culo, el Tribunal Constitucional en la sentencia mencionada s贸lo mantiene el car谩cter b谩sico, y 煤nicamente respecto a iniciativas reglamentarias, del primer inciso de apartado 1, as铆 como el primer p谩rrafo del apartado 4. Por lo que se refiere a los tr谩mites de audiencia e informaci贸n p煤blica la 煤nica regulaci贸n aplicable es el art铆culo 49 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo; en tanto en cuanto lo dispuesto en el art铆culo 133 Ley 39/2015, de 1 de octubre respecto a estos tr谩mites no tiene car谩cter b谩sico conforme a lo establecido en la STC 55/2018, de 24 de mayo, antes referida que de forma expresa fundamenta que 鈥渓as dem谩s previsiones del art铆culo 133 鈥 a salvo del apartado 1, primer inciso y 4, primer p谩rrafo-, descienden a cuestiones procedimentales de detalle desbordando el 谩mbito de lo b谩sico; vulneran por ello las competencias estatutarias de las Comunidades Aut贸nomas en relaci贸n con la elaboraci贸n de sus propias disposiciones normativas

Ley Reguladora del Fondo Aragon茅s de Financiaci贸n Municipal

Esta iniciativa legislativa que result贸 truncada como consecuencia de la finalizaci贸n de la legislatutra anterior que impidi贸 su tramitaci贸n en sede parlamentaria tiene como finalidad la mejora del sistema de financiaci贸n de los municipios aragoneses.

Desde el reconocimiento de que el sistema de financiaci贸n previsto en la actual Ley de Administraci贸n Local de Arag贸n, no permite dar estabilidad a la financiaci贸n local, dado que est谩 sujeta a la incertidumbre derivada de la voluntad pol铆tica coyuntural, pues la cuant铆a anual del Fondo de Cooperaci贸n Municipal se fija anualmente en los presupuestos de la Comunidad Aut贸noma con el 煤nico l铆mite de no ser inferior al 25% del total destinado a los programas espec铆ficos de transferencias a entidades locales previstos en el art铆culo 260.3 de la misma norma, el anteproyecto de la Ley Reguladora del Fondo Aragon茅s de Financiaci贸n Municipal, ya aprobado a esta fecha tiene por objeto regular la colaboraci贸n financiera de la Comunidad Aut贸noma de Arag贸n con los municipios de su territorio, a trav茅s de la participaci贸n de 茅stos en los ingresos no financieros de la misma, excluidos los de naturaleza finalista, con el fin de contribuir a la suficiencia financiera y a la realizaci贸n del principio de solidaridad.

Plan normativo del Gobierno de Arag贸n en 2020

De este modo, se crea el Fondo cuyos destinatarios son todos los municipios de Arag贸n, con las siguientes notas caracter铆sticas:

  1. Se establece un importe m铆nimo garantizado a trasferir a los municipios.
  2. Se regulan los incrementos anuales que podr谩 experimentar desde el momento de su aplicaci贸n, el Fondo Aragon茅s de Financiaci贸n Municipal, fijando un l铆mite m谩ximo.
  3. Se fijan los criterios de distribuci贸n tanto para el importe m铆nimo garantizado como para los incrementos.

Las iniciativas legales incluidas en el Plan normativo del Gobierno de Arag贸n en 2020

Estas son las normas legales que pretenden ser remitidas a las Cortes de Arag贸n por el ejecutivo aragon茅s durante 2020 e incluidas en el Plan anual normativo del Gobierno de Arag贸n correspondiente al a帽o 2020

Proyecto de Ley de modificaci贸n de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Arag贸n.
Proyecto de Ley de dinamizaci贸n del Medio Rural.
Proyecto de Ley del Fondo Aragon茅s de Financiaci贸n Municipal.
Proyecto de Ley de Mediaci贸n de Arag贸n.
Proyecto de Ley de modificaci贸n de la Ley 2/1993, de 19 de febrero, por la que se crea el Instituto Aragon茅s de la Mujer.
Proyecto de Ley de modificaci贸n de la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevenci贸n y Protecci贸n Integral a las Mujeres V铆ctimas de Violencia en Arag贸n.
Proyecto de Ley de modificaci贸n de la Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de la Comunidad de Arag贸n.
Proyecto de modificaci贸n de la Ley 5/2000, de 28 de noviembre, de relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior.
Proyecto de Ley de regulaci贸n de las zonas de desarrollo econ贸mico y comercial.
Proyecto de Ley de Econom铆a Social de Arag贸n.
Proyecto de Ley de Estad铆stica de Arag贸n.
Proyecto de Ley de Organizaci贸n y R茅gimen Jur铆dico del Sector P煤blico Auton贸mico de Arag贸n.
Proyecto de Ley de organizaci贸n y uso estrat茅gico de la contrataci贸n p煤blica en Arag贸n.
Proyecto de Ley por el que se regula el Impuesto sobre contaminaci贸n de las aguas (en colaboraci贸n con el Instituto Aragon茅s del Agua). 
Proyecto de Ley por la que se modifica el Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Arag贸n por el que se aprueba el texto refundido de la legislaci贸n sobre impuestos medioambientales de la Comunidad Aut贸noma de Arag贸n y se crean diversos impuestos medioambientales. 
Proyecto de Ley por la que se crea el Impuesto sobre bebidas azucaradas.
Proyecto de Ley de modificaci贸n del texto refundido de los tributos cedidos, para la modernizaci贸n y racionalizaci贸n del sistema tributario de la Comunidad Aut贸noma de Arag贸n.
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de las tasas de la Comunidad Aut贸noma de Arag贸n.
Proyecto de Ley sobre obligaciones formales de la fiducia aragonesa en materia tributaria.
Proyecto de Ley de modificaci贸n del texto refundido de la Ley del Patrimonio de Arag贸n, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre.
Proyecto de Ley de Participaci贸n Educativa de Arag贸n.
Proyecto de Ley de Protecci贸n y Modernizaci贸n de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Arag贸n.
Proyecto de Ley de Cambio Clim谩tico de Arag贸n.
Proyecto de Ley por el que se regula el Impuesto sobre contaminaci贸n de las aguas (en colaboraci贸n con el Departamento de Hacienda y Administraci贸n P煤blica) 
Proyecto de Ley de extinci贸n de las C谩maras Agrarias Provinciales de Arag贸n.
Proyecto de Ley de representaci贸n de las organizaciones profesionales agrarias.
Proyecto de Ley de modificaci贸n de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protecci贸n Animal de Arag贸n.
Proyecto de Ley de modificaci贸n de la Ley 7/2010, de 18 de noviembre de Protecci贸n contra la contaminaci贸n ac煤stica de Arag贸n.
Proyecto de Ley de modificaci贸n de la Ley de Ordenaci贸n Farmac茅utica de Arag贸n.
Proyecto de Ley de Derechos y Garant铆as de los Usuarios.

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Aumento retribuciones del personal del sector p煤blico para 2020

Aumento retribuciones del personal del sector p煤blico para 2020

El BOE publica la subida del sueldo del personal p煤blico para 2020

El Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 谩mbito del sector p煤blico determina el incremento del salario de los empleados p煤blicos en un 2% con efectos desde 1 de enero de 2020 introduciendo como el ejercicio anterior la posibilidad de que el incremento sea mayor en funci贸n de la variaci贸n del PIB.

La norma aprobada en el Consejo de Ministros del d铆a 20 de enero de 2020 no es sino la consecuencia de la aprobaci贸n del II Acuerdo para la mejora del empleo p煤blico y las condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de 2018 por el Gobierno de Espa帽a, y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF, que establece un marco plurianual de incremento retributivo para los empleados al servicio de las Administraciones P煤blicas que se extiende entre los a帽os 2018 y 2020. En dicho acuerdo se prev茅 para los citados a帽os un incremento salarial fijo, m谩s un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la econom铆a, que deber谩n recoger las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

sueldo funcionarios 2020

Habida cuenta de la situaci贸n de presupuestos prorrogados el ejecutivo , v铆a decreto ley da cumplimiento al acuerdo suscrito elevando en un 2% fijo las retribuciones existentes hasta 31 de diciembre de 2019 y condiciona el incremento salarial variable al incremento del PIB del siguiente modo:

  • Si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se a帽adir铆a, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial.
  • Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento se帽alado, el incremento disminuir谩 proporcionalmente en funci贸n de la reducci贸n que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes ser谩n:
    • PIB igual a 2,1: 2,20 %.
    • PIB igual a 2,2: 2,40 %.
    • PIB igual a 2,3: 2,60 %.
    • PIB igual a 2,4: 2,80 %.

Para la efectividad del incremento adicional para el sueldo deber谩 adoptarse nuevo acuerdo de Consejo de Ministros una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicaci贸n a la Comisi贸n de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo p煤blico y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018.

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Integraci贸n de la solvencia con medios externos en la LCSP

Integraci贸n de la solvencia con medios externos en la LCSP

La posibilidad de implementar la solvencia de una PYME para la contrataci贸n

Desde el anterior TRLCSP la posibilidad de integraci贸n de la solvencia en la contrataci贸n ha sido uno de las formas para el acceso a la contrataci贸n p煤blica para las peque帽as empresas. No obstante, hay que reconocer que dicha posibilidad no ha sido muy utilizada por la mayor铆as de las PYMEs que han visto en la contrataci贸n p煤blica, habitualmente, un conjunto de procedimientos farragosos demasiado complicados para sus habituales actividades. Adem谩s la habitual “individualidad” y atomizaci贸n de nuestras empresas han hecho muy dif铆cil esa integraci贸n de la solvencia como un medio de colaboraci贸n entre empresas para acudir a los procedimientos de licitaci贸n.

En la actual Ley de Contratos del Sector P煤blico, Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector P煤blico, por la que se transponen al ordenamiento jur铆dico espa帽ol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 , la integraci贸n de la solvencia con medios externos viene definida en el art铆culo 75, en los t茅rminos siguientes:

Art铆culo 75. Integraci贸n de la solvencia con medios externos. 1. Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podr谩 basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jur铆dica de los v铆nculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duraci贸n de la ejecuci贸n del contrato dispondr谩 efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no est茅 incursa en una prohibici贸n de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el art铆culo 69, podr谩n recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la uni贸n temporal. No obstante, con respecto a los criterios relativos a los t铆tulos de estudios y profesionales que se indican en el art铆culo 90.1.e), o a la experiencia profesional pertinente, las empresas 煤nicamente podr谩n recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas capacidades. 2. Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrar谩 al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentaci贸n a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades. El compromiso a que se refiere el p谩rrafo anterior se presentar谩 por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el art铆culo 145, previo requerimiento cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del art铆culo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del art铆culo 140. 3. Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia econ贸mica y financiera, el poder adjudicador podr谩 exigir formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecuci贸n del contrato, incluso con car谩cter solidario. 4. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios, o los servicios o trabajos de colocaci贸n o instalaci贸n en el contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podr谩n exigir que determinadas partes o trabajos, en atenci贸n a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una uni贸n de empresarios, por un participante en la misma, siempre que as铆 se haya previsto en el correspondiente pliego con indicaci贸n de los trabajos a los que se refiera.

integraci贸n de la solvencia

De la lectura del art铆culo 75 de la LCSP se determina como elemento fundamental de la integraci贸n de la solvencia en la contrataci贸n administrativa y, por lo tanto, como condici贸n sine qua non, que la empresa muestre ante el poder adjudicador que dispondr谩 de los recursos necesarios para la ejecuci贸n del contrato, y l贸gicamente, corresponde a la entidad licitadora (poder adjudicador) comprobar que el licitador podr谩 efectivamente utilizar los medios de todo tipo que haya invocado, y que esa disponibilidad no se presume, por lo que el 贸rgano al que corresponda apreciar la solvencia de los licitadores o candidatos presentados a un procedimiento de adjudicaci贸n deber谩 examinar minuciosamente las pruebas aportadas por el licitador al objeto de garantizar a la entidad adjudicadora que en el periodo al que se refiere el contrato el licitador podr谩 efectivamente utilizarlos.

Por tanto, podemos se帽alar como requisitos para la integraci贸n de la solvencia las siguientes:

  • Demostraci贸n de que se cuenta con los recursos necesarios para la ejecuci贸n del contrato mediante la integraci贸n
  • Es indiferente el tipo de vinculaci贸n jur铆dica entre las empresas, licitadora y que integra los requisitos de solvencia siempre que quede demostrada la disponibilidad de medios
  • La integraci贸n tiene como limite las prohibiciones de contratar
  • Si la integraci贸n se refiere relativas a la solvencia econ贸mica o financiera los pliegos pueden establecer requisitos de responsabilidad conjunta
  • Los pliegos podr谩n se帽alar elementos que siempre hayan de ser ejecutados por el contratista principal

Los limites de la integraci贸n de la solvencia.

Una de las l贸gicas cuestiones que se podr铆a plantear es si toda la solvencia puede ser integrada por un tercero o, si como parece l贸gico, existen limitaciones a dicha integraci贸n. A estos efectos, 驴cabr铆a que un licitador acreditara toda su solvencia econ贸mica, financiera o t茅cnica, mediante la de un tercero?.

A este interrogante contesta de modo negativo, entre otras, la Resoluci贸n del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 23 de mayo de 2012, que con an谩lisis de la anterior Ley de Contratos (2007), se帽ala como l铆mite el requisito de capacidad (apitud para contratar) al indicar que:

As铆, de la interpretaci贸n conjunta de los art铆culos 52 y 43.1 de la LCSP, se ha de considerar que, aunque el empresario puede acogerse a lo dispuesto en el art铆culo 52 de la LCSP para acreditar su solvencia, ha de cumplir asimismo lo previsto en el art铆culo 43.1, por lo que ser谩 requisito indispensable para contratar con el sector p煤blico que acredite un m铆nimo de solvencia mediante medios propios, con independencia de que el resto lo pueda acreditar con medios ajenos, conforme a lo previsto en los art铆culos 51 y 52, pues, de lo contrario, no se le podr铆a considerar apto para contratar con el sector p煤blico, al incumplir lo dispuesto en el art铆culo 43.1 de la LCSP.

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La nota de prensa como Fuente del Derecho

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Al respecto de la pr贸rroga del destino del super谩vit para financiar las inversiones financieramente sostenibles durante el ejercicio de 2019

A lo largo de esta semana hemos asistido a una de esas situaciones esperp茅nticas a las que nos tiene acostumbrados en las 煤ltimas fechas el “legislador” -en sentido amplio de la palabra- fruto de una producci贸n normativa desordenada y sin criterio alguno.

La cuesti贸n surg铆a como consecuencia de la aprobaci贸n por muchos municipios de las correspondientes liquidaciones del presupuesto correspondiente al ejercicio de 2018. A estos efectos, resulta necesario indicar que en los t茅rminos del art铆culo la liquidaci贸n del presupuesto de las EELL debe ser objeto de aprobaci贸n de formulaci贸n a 1 de marzo del ejercicio siguiente y que en ella, obviamente y como uno de sus elementos m谩s significativos su resultado presupuestario, esto es, si ha existido super谩vit o d茅ficit como consecuencia de dicha liquidaci贸n.

Pues bien, como consecuencia de la aprobaci贸n de la Ley Org谩nica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, desde el a帽o 2013, el super谩vit obtenido por las EELL 煤nicamente puede financiar la reducci贸n del nivel de endeudamiento.聽No obstante esa norma sufri贸 con la propia promulgaci贸n de la norma una “excepci贸n” que posteriormente se ha convertido en regla, cual es, la posibilidad de que las EELL puedan financiar con dicho super谩vit inversiones financieramente sostenibles. (Disposici贸n Adicional Sexta de la LOEPySF). Para ello de un modo u otro (Ley de Presupuestos o Decreto Ley) esa Disposici贸n Adicional que solo ten铆a en un principio una vigencia anual se fue prorrogando anualmente para cada uno de los ejercicios desde la promulgaci贸n.

En este estado de cosas y habida cuenta de la situaci贸n pol铆tica nacional, disoluci贸n de las Cortes e inexistencia de presupuestos, a lo largo del mes de marzo muchos interventores municipales advirtieron la inexistente pr贸rroga de la Disposici贸n Adicional Sexta de la LOEPySF con la consiguiente imposibilidad de “anunciar” por los 贸rganos municipales nuevas inversiones para el presente ejercicio con cargo a su “adecuada” gesti贸n presupuestaria en el ejercicio -notese con el examen de las urnas cercano-. Ello motivo, que el Ministerio de Hacienda el 25 de marzo de 2019, “permitiera” a trav茅s de una nota de prensa que las Entidades Locales pudieran “iniciar los procedimientos de gesti贸n correspondientes de cara a ir agilizando los tr谩mites previos” para la utilizaci贸n del super谩vit, circunstancia que atenta con la necesaria seguridad jur铆dica y que cre贸, como dijimos y al menos por unos d铆as “una nueva fuente del Derecho Administrativo”, esto es, la Nota de Prensa.

Hoy s谩bado la “nota de prensa”, tras el t谩miz del Consejo de Ministros del s谩bado 29 de marzo de 2019, se ha convertido en norma jur铆dica en forma de 聽Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 聽el destino del super谩vit de comunidades aut贸nomas y de las entidades locales聽para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en聽relaci贸n con las funciones del personal de las entidades locales con聽habilitaci贸n de car谩cter nacional

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Aprobado el Reglamento de entidades urban铆sticas colaboradoras de Arag贸n

Aprobado el Reglamento de entidades urban铆sticas colaboradoras de Arag贸n

Aprobado el Reglamento de Entidades Urban铆sticas Colaboradoras de Arag贸n

El BOA de 13 de diciembre de 2018 publica el Decreto聽210/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Arag贸n, por el que se aprueba el Reglamento de Entidades Urban铆sticas Colaboradoras de Arag贸n, que entrar谩 en vigor el 13 de enero de 2019.

El Reglamento de entidades urban铆sticas colaboradoras de Arag贸n que desplaza la estatal supletoria, esto es,聽 los art铆culos 8, 67 a 70, 128, 129 y 157 a 193 del Reglamento de Gesti贸n Urban铆stica aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto y que deroga la regulaci贸n espec铆fica auton贸mica (art铆culos 8, 11, 12.1, 13, 14, 15 y 16 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Arag贸n, por el que se aprueba el desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, Urban铆stica, en materia de organizaci贸n, planeamiento urban铆stico y r茅gimen especial de peque帽os municipios, y los art铆culos 25 a 32 del Decreto 20/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Arag贸n, por el que se crea el Registro P煤blico de Convenios Urban铆sticos, el Registro Aragon茅s de Patrimonios P煤blicos de Suelo y el Registro Administrativo de Entidades Colaboradoras y Programas, y se aprueba el Reglamento que regula su organizaci贸n y funcionamiento), tiene como objeto mejorar y sistematizar la dispersa normativa existente al respecto de las entidades urban铆sticas colaboradoras en Arag贸n y, sobre todo,聽regular las nuevas entidades urban铆sticas colaboradoras que han aparecido en los 煤ltimos a帽os en la legislaci贸n estatal y auton贸mica, derivadas de la legislaci贸n b谩sica sobre rehabilitaci贸n y renovaci贸n urbanas y la nueva regulaci贸n de los planes o proyectos de inter茅s general de Arag贸n.

De la elaboraci贸n de este Reglamento ya dimos cuenta en la entrada (aqu铆) de octubre de 2016, a la que acompa帽amos el proyecto de reglamento y la memoria del mismo elaborada por la Direcci贸n General de Urbanismo.

Conforme a la norma aprobada quedan reguladas y sistematizadas, las siguientes entidades urban铆sticas colaboradoras:

  1. Las juntas de compensaci贸n.
  2. Las asociaciones administrativas de propietarios en el sistema de gesti贸n directa por cooperaci贸n.
  3. Las agrupaciones de inter茅s urban铆stico en el sistema de gesti贸n indirecta por urbanizador.
  4. Las entidades de conservaci贸n.
  5. Las juntas de rehabilitaci贸n.
  6. Las entidades colaboradoras en la ejecuci贸n de planes y proyectos de inter茅s general de Arag贸n.
  7. Las juntas provisionales.

El Reglamento de Entidades urban铆sticas colaboradoras aprobado introduce 聽novedades regulatorias, o simplemente, en algunos casos, aclaraciones al respecto del r茅gimen jur铆dico existente en los t茅rminos que han sido interpretadas por los tribunales de justicia que permitir谩n un ejercicio m谩s adecuado de las funciones p煤blicas encargadas a las entidades urban铆sticas colaboradoras por el ordenamiento jur铆dico.

As铆 por ejemplo, y sin 谩nimo de ser exhaustivos, el Reglamento determina al respecto del funcionamiento de las juntas de compensaci贸n una interpretaci贸n al respecto del silencio del propietario en el momento del requerimiento para la incorporaci贸n a la misma; 聽aclara la necesidad de sujeci贸n de las mismas al r茅gimen derivado de la legislaci贸n de contratos p煤blicos habida cuenta de la funci贸n p煤blica urban铆stica que llevan a cabo estableciendo incluso un contenido m铆nimo de los contratos a celebrar entre urbanizador (elegido tras el oportuno procedimiento de concurrencia y publicidad) o refuerza las posibilidades de actuaci贸n de la Junta frente al incumplimiento de abono de derramas por sus miembros integrantes.

Al respecto de las Entidades de Conservaci贸n, por ejemplo, se prev茅 la posibilidad de que las mismas puedan llevar a cabo funciones relativas a la gesti贸n de servicios comunes, siempre que los mismos sean recogidos en los estatutos, permiti茅ndose de este modo la determinaci贸n de algunos servicios m谩s all谩 de la “simple” conservaci贸n y mantenimiento de la urbanizaci贸n.

Por 煤ltimo, las mayores novedades residen en la propia regulaci贸n, hasta ahora inexistente, de las nuevas tipolog铆as recogidas en el Reglamento, esto es, Juntas de Rehabilitaci贸n -derivadas de la Ley de聽rehabilitaci贸n y renovaci贸n urbanas- que tienen como finalidad de ejecutar o colaborar con la Administraci贸n en la ejecuci贸n de actuaciones de rehabilitaci贸n, renovaci贸n o regeneraci贸n urbana, las entidades colaboradoras en la ejecuci贸n de planes y proyectos de inter茅s general de Arag贸n -derivadas de la Ley de Ordenaci贸n del Territorio Aragonesa- 聽que tienen por finalidad regular la participaci贸n de los propietarios a trav茅s de los posibles sistemas de ejecuci贸n definidos en la norma y las juntas provisionales, ente preexistente a las juntas de compensaci贸n y que precisamente tienen como finalidad impulsar la acci贸n urban铆stica (redacci贸n planes, modificaci贸n planeamiento, aprobaci贸n estatutos de junta y bases 聽etc …).

 

 

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Oferta de empleo p煤blico del SALUD 2018

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El Gobierno de Arag贸n aprueba la Oferta de empleo p煤blico del SALUD 2018 con un total de 867 plazas.

Mediante Decreto 2016/2018 de 18 de diciembreel Gobierno de Arag贸n, ha aprobado la oferta de empleo p煤blico del SALUD para 2018, con un total de 867, de las que聽645 plazas se corresponden con la tasa de reposici贸n legalmente establecida (580 son de acceso libre, 44 se reservan para ser cubiertas por el turno de discapacidad,聽13 para v铆ctimas de violencia de g茅nero 聽y 2 plazas para atender el cupo de quienes se encuentren incluidos en el 谩mbito de aplicaci贸n de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las v铆ctimas del terrorismo) 聽y聽222 plazas de promoci贸n interna, para el personal estatutario de plantilla que re煤na los requisitos establecidos al efecto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Arag贸n, de selecci贸n de personal estatutario y provisi贸n de plazas en los centros del Servicio Aragon茅s de Salud.聽

Esta oferta de empleo p煤blico del SALUD 2018, se une a las efectuadas en el 谩mbito de la Administraci贸n de la Comunidad Aut贸noma 聽que en conjunto supone la previsi贸n de cobertura de聽un total de 3.703 plazas de empleo p煤blico. La propuesta de Oferta conjunta se distribuye de la siguiente manera: 1.389 plazas para personal docente no universitario, 867 para personal estatutario del Salud y 1.447 para personal funcionario y laboral de la Administraci贸n General de la Comunidad Aut贸noma y sus entidades de Derecho P煤blico, correspondiente a la oferta ordinaria de 2018 y al proceso de estabilizaci贸n de los a帽os 2017 y 2018 efectuadas estas dos 煤ltimas al amparo de las disposiciones normativas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018.

 

 

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