La Ley de PGE 2022 modificará el régimen de los FALHN del País Vasco

La Ley de PGE 2022 modificará el régimen de los FALHN del País Vasco

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La tramitación de los PGE para 2022 en el Congreso ha supuesto la introducción de una modificación en la Ley de Bases de Régimen Local para atribuir a las instituciones vascas todas las competencias de los habilitados nacionales en la Comunidad.

Mediante ella a partir de 2022 las instituciones vascas asumirán todas las competencias establecidas en el artículo 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local.

Como consecuencia de la enmienda incorporada al proyecto de ley de presupuestos generales del estado y siempre que la misma no sea objeto de modificación en el senado -cosa harto improbable- habrá una nueva redacción del apartado séptimo de  la disposición adicional segunda de la Ley de Bases de Régimen Local dedicada al régimen foral vasco, para determinar  a las instituciones vascas como únicas competentes en todas las cuestiones relativas a los habilitados nacionales y que hasta ahora se repartían en el Gobierno de la nación y el Gobierno Vasco.

A estos efectos, el apartado segundo de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Bases de Régimen Local establece hasta ahora que:

7. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán ostentadas por las instituciones competentes, en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo la facultad de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios, en dichos concursos

De salir adelante, el apartado séptimo de la Disposición Adicional segunda quedará redactado en los siguientes términos (adviertase el subrayado):

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta habilitados nacionalespública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas.»

Notese que desaparece la intervención del Estado en la aprobación de la oferta de empleo de las plazas vacantes, de la convocatoria de esas plazas en su territorio, el nombramiento del personal funcionario en esos procesos  e incluso la asignación del primer destino.

¿Es el principio del fin del habilitado nacional en los términos que conocemos?  o, simplemente ¿una descentralización de las facultades respecto a los habilitados nacionales en un ejercicio de responsabilidad y de co-gobernanza ? O es, como sospechan otros, un intento de manejar  a su antojo un cuerpo imprescindible en el funcionamiento de los entes locales? .  Quizá solo sea resultado de las matemáticas parlamentarias … Veremos.

 

 

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El pleno del Congreso aprueba el proyecto de ley de reducción de la temporalidad del empleo púlico

El pleno del Congreso aprueba el proyecto de ley de reducción de la temporalidad del empleo púlico

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El pleno del Congreso remite al Senado el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio)

La norma entra en nueva fase de tramitación con el horizonte de entrada en vigor a primeros de 2022.

En los términos ya conocidos el proyecto de Ley introduce una nueva redacción del artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativa a los funcionarios interinos, acentuando su excepcionalidad y transitoriedad así como el derecho a su indemnización por cese al igual que a los laborales temporales. Además establece una concreta regulación de la estabilización del empleo temporal preveyendo un concreto calendario de plazos para la estabilización pretendida.

Funcionarios interinos y laborales temporales

El texto ahora a tramitación en el senado efectúa una nueva regulación del artículo 10 TRLEBEP acentuando el carácter excepcional del nombramiento creando un plazo máximo de permanencia y unas consecuencias indemnizatorias derivadas de su incumplimiento que se extienden al personal laboral temporal como consecuencia de la introducción de una nueva disposición adicional (decimoséptima).

Procesos para la estabilización del empleo temporal

El artículo 2 del proyecto de Ley establece la ampliación de los procesos de estabilización de empleo temporal como medida complementaria inmediata para paliar la situación existente y la pretendida reducción de la temporalidad

Se autoriza así un tercer proceso de estabilización del empleo público, diferenciado de los que se regularon los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal.

Este tercer proceso incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas, y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

El sistema de selección para estos procesos de estabilización será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en fase de oposición.

El proyecto de Ley establece un concreto calendario del proceso de estabilización y por tanto de la reducción de la temporalidad. Así,

Antes del 1 de junio de 2022, deberán estar publicadas las ofertas de empleo relativas a estos procesos de estabilización

Antes del 31 de diciembre de 2022 deberán estar publicadas las convocatorias de los procesos de estabilización

Y antes de 31 de diciembre de 2024 deberán haberse concluido los procedimientos de selección de las plazas convocadas.

Como consecuencia de los procedimientos de estabilización el proyecto de ley establece compensaciones para aquellos empleados públicos que estando ocupando plaza temporal vieran finalizada su relación de servicios a razón de veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades.

Tres nuevas disposiciones adicionales

Durante la tramitación parlamentaria se han introducido tres disposiciones adicionales de calado en el texto normativo en tramitación, fundamentalmente la sexta que establece como sistema de provisión para el caso de las plazas estructurales  ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 (5 años)  la de concurso. A estos efectos, el Dictamen de la ponencia justifica el sistema de provisión y su excepcionalidad -«constitucional»- en los términos siguientes:

Sobre este concurso como proceso excepcional, cabe traer a colación la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad en el acceso a los cargos y empleos públicos (artículo 23.2 CE), que únicamente puede ser exceptuada por razones excepcionales y objetivas. Además, este acceso ha de ordenarse de manera igualitaria en la convocatoria mediante normas abstractas y generales con el fin de preservar la igualdad ante la ley de la ciudadanía, lo que obliga al legislador y a la Administración a elegir reglas fundadas en criterios objetivos y presididos por los cánones de mérito y capacidad que el artículo 103.3 CE dispone (SSTC 67/1989, 27/1991 y 60/1994).
Entre las condiciones que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, han de darse para que no quepa apreciar infracción alguna del principio de igualdad de acceso a cargos y empleos públicos del artículo 23.2 de la Constitución se encuentran, en primer lugar, que se trate de una situación excepcional; segunda, que sólo se acuda a este tipo de procedimientos por una sola vez, pues de otro modo se perdería su condición de remedio excepcional y tercero, que dicha
posibilidad esté prevista en una norma con rango legal (STC 12/1999, de 11 de febrero de 1999).  Con esta disposición adicional se da amparo normativo al concepto jurisprudencial de interinidad de larga duración superior a cinco años, que por su carácter de normativa básica, resulta de aplicación al conjunto de las Administraciones Públicas y garantiza la igualdad en todo el territorio.
La previsión contenida en esta Ley para que las Administraciones Públicas puedan convocar el concurso extraordinario y excepcional para aquellas plazas ocupadas temporalmente durante cinco años o más, cumple con los antedichos requisitos jurisprudenciales que además, en todo caso, es razonable, proporcionada y no arbitraria, afectando a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 a consecuencia de las tasas de reposición cero de los ejercicios 2012 al 2015, que provocaron la imposibilidad de incorporar, a las correspondientes ofertas de empleo público, las plazas que en esos momentos se estaban ocupando en régimen de interinidad.

Resulta a este observador extremadamente curiosa la justificación de constitucionalidad del legislador que se advierte en el Dictamen, constatadas las dudas constitucionales del diseño del proceso para la reducción de la temporalidad de larga duración.

Aprobación por el Senado y publicación BOE

Sin ninguna modificación de consideración en su articulado tras su pase por la Cámara Alta en fecha de 29 de diciembre de 2021 fue objeto de publicación en el BOE la  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que entró en vigor el pasado 30 de diciembre.

 

Si quieres saber más sobre los procesos de estabilización y de reducción de la temporalidad y conocer la problemática que va ir surgiendo de los mismos suscribete a nuestra newsletter. Si tienes una duda concreta sobre alguno de los procesos que se vana poner en marcha no dudes en hacérnosla llegar por  los medios habituales.

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La sutil diferencia entre el contrato de patrocinio y la subvención publica

La sutil diferencia entre el contrato de patrocinio y la subvención publica

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Analizamos las diferencias entre el contrato de patrocinio celebrado por las Administraciones Públicas y la subvención pública.

El contrato de patrocinio

Como ya hemos indicado en este blog, el contrato de patrocinio publicitario queda definido por la Ley General de Publicidad como «aquél por el que el patrocinado, a cambio de una ayuda económica para la realización de su actividad deportiva, benéfica, cultural, científica o de otra índole, se compromete a colaborar en la publicidad del patrocinador» . 

diferencia entre patrocinio y subvenciónEn el ámbito administrativo, a través del contrato de patrocinio, una Administración Pública busca obtener una publicidad de carácter indirecto que se ha dado en llamar «retorno publicitario», y que consiste fundamentalmente en que el patrocinado (equipos deportivos, asociaciones, entidades benéficas etc …)  permite que el patrocinador haga pública su colaboración económica en la actividad de este y también, si así se estipula, en que el patrocinado realice comportamientos activos con esa misma finalidad. El patrocinador a cambio disfruta de la notoriedad y de la resonancia de la actividad que desarrolla el patrocinado, con el fin de incrementar entre el público el conocimiento de su nombre o marca y de favorecer su imagen.

Como ya hemos señalado en la entrada «la contratación de publicidad por las Administraciones Públicas» el contrato de patrocinio se configura como un contrato privado cuya preparación y adjudicación se rige por la Ley de Contratos pero que, en sus efectos, se rige por el derecho privado.

La subvención pública

Mientras que en el contrato de patrocinio, como hemos señalado, se busca por la Administración Pública un retorno publicitario, una notoriedad, una imagen de marca («Huesca La Magia«, «Alimentos de Aragón» …) en la subvención pública lo que se busca es permitir la realización de una actividad, colaborar desde la Administración en una concreta actuación por el tercero subvencionado, precisamente, porque la actuación de este se considera alineada con el interés público, con la actuación de fomento que se pretende.diferencia entre patrocinio y subvención

Así podemos señalar, por ejemplo, que la figura que debiera regir la colaboración con un club deportivo es la subvención pública si la Administración Pública pretende, por ejemplo, fomentar el deporte ayudando a sobrevivir al club deportivo, mientras que si lo que pretende es obtener un retorno publicitario de su imagen de marca lo que debiera formalizar es un contrato de patrocinio.

Las sutiles diferencias entre el contrato de patrocinio y la subvención pública

Y es aquí donde subvención pública y contrato de patrocinio se confunden: cuando se utiliza este último para colaborar con entidades de las que no se espera obtener un retorno publicitario, una imagen de marca, sino tan solo la loable pretensión de ayudar al mantenimiento de la actividad que desarrollan. A ello, obviamente, coadyuva la rápida y simple tramitación de esos contratos privados de patrocinio tan alejados de la rigidez administrativa que supone la subvención pública que, obviamente, debe regirse por los principios de publicidad, de concurrencia competitiva etc.

El profesor Alejandro Huergo Lora, analiza la doctrina emitida por los órganos consultivos o de resolución de recursos contractuales de las diferentes Administraciones Públicas que van advirtiendo de la inadecuada utilización de la figura del patrocinio mediante verdaderas actividades de fomento en su entrada «Anulación judicial de un contrato de patrocinio por ser una subvención encubierta»  y analiza una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo  número 4 de Oviedo (sentencia de 22 de enero de 2021, procedimiento ordinario 45/2020) que declara nulos tanto el acuerdo por el que se aprobaron el expediente y los pliegos del contrato de patrocinio, como el de adjudicación del contrato (por procedimiento negociado sin publicidad), porque no se trataba realmente de un contrato de patrocinio, sino que se pretendía apoyar una determinada actividad privada que el Ayuntamiento en cuestión consideraba favorable para los intereses públicos.

 

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Ya tenemos nueva regulación de la plusvalía municipal

Ya tenemos nueva regulación de la plusvalía municipal

La nueva regulación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana ha sido objeto de publicación en el BOE de fecha 9 de noviembre de 2021

La sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 26 de octubre de 2021 «ha precipitado» la elaboración de la nueva normativa que regula la plusvalía municipal que venía exigida desde 2017 por los operadores jurídicos.

Simplemente ha sido necesaria la nota de prensa de una sentencia (no publicada aún en el BOE) para que el Gobierno aprobara por Real Decreto-Ley la modificación legal del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en apenas diez días desde el conocimiento de la misma. Al respecto de la curiosa forma de anticipar la sentencia y de su contenido ya hablamos en la entrada «claves de la sentencia (no publicada) de inconstitucionalidad de la plusvalía», albergando a esta fechas serias dudas acerca de la propia constitucionalidad de la sentencia por aquello de la no publicación y de sus efectos que seguro serán objeto de sesudas discusiones jurídicas a futuro. regulación de la plusvalía

No obstante como de lo que se trata en esta entrada es de conocer los extremos de la nueva regulación de la plusvalía, vayan unas pequeñas notas acerca de lo publicado en el BOE de fecha 9 de noviembre de 2021 sin perjuicio de posterior profundización.

Modificaciones introducidas en la Ley de Haciendas Locales (Texto Refundido) para la nueva regulación de la plusvalía

El Real Decreto Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana efectúa las siguientes modificaciones:

  1. Añade un nuevo apartado 5 al artículo 104 del TRLHL para determinar la inexistencia de sujeción al impuesto por la inexistencia del hecho imponible para el caso de ventas a perdidas y cómo se efectúa la determinación de los valores para acreditar esa inexistencia de incremento.
  2.  Se modifica el artículo 107 para efectuar un nuevo cálculo de la base imponible del impuesto apartándose del inconstitucional incremento por el simple transcurso de los años y establecerlo a partir del valor del terreno y su multiplicación por un coeficiente de diferente cuantificación anual que debe ser objeto de actualización. No obstante el sujeto pasivo puede para el caso de que el incremento «real» sea inferior a esa operación matemática liquidar el impuesto a partir de ese incremento real y la multiplicación por el tipo impositivo.
  3. Para los ayuntamientos que tengan establecido la imposición del tributo (no todos) se otorga un plazo de 6 meses para la actualización de la ordenanza y su adaptación al Real Decreto. Mientras tanto  liquidarán en los términos establecidos en el Real Decreto Ley.
  4. La capacidad normativa de los Ayuntamientos queda limitada al establecimiento de un coeficiente reductos de hasta el 15% sobre los coeficientes reseñados en la norma, y el establecimiento de reducciones en los casos de modificación de los valores catastrales por nuevas ponencias así como en el establecimiento de sistemas de autoliquidación.

Con la publicación del Real Decreto-Ley no acaba el periplo de la inconstitucionalidad de la plusvalía y su regulación.

Seguro que en próximas días tendremos reacciones a la norma, sobre la diversa adaptación de la misma por los Ayuntamientos, su convalidación parlamentaria y quizá, su anuncio de inconstitucionalidad por la imposibilidad de la utilización del Real Decreto Ley con la finalidad de regular un impuesto …

pero de todo esto ya hablaremos!!!.

 

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Ley de aplicación y desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa de Aragón

Ley de aplicación y desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa de Aragón

La Ley de aplicación y desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa de Aragón pretende potenciar a nivel autonómico las declaraciones responsables modificando el régimen del silencio de multitud de procedimientos autonómicos.

El pasado 13 de octubre de 2021 el Consejo de Gobierno remitió a las Cortes de Aragón el proyecto de ley que desarrolla la Ley de Simplificación Administrativa.

Cumpliendo el mandato establecido en la Ley 1/2021 de simplificación administrativa, el Gobierno de Aragón ha remitido a las Cortes un nuevo proyecto de ley (Ley de aplicación y desarrollo de la Ley de simplificación administrativa) que la desarrolla y que pretende llevar a cabo sustanciales modificaciones en los diferentes ámbitos de su actuación administrativa.

Se definen como objetivos de la norma remitida a su aprobación las siguientes:

  1. La sustitución de autorizaciones o licencias previas por declaraciones responsables o comunicaciones.
  2. La sustitución del silencio negativo por silencio positivo.
  3. La revisión de los plazos de silencio administrativo.
  4. La revisión de los plazos de emisión de informes y dictámenes

Para llevar a cabo esa finalidad, la norma procede a la modificación normativa de diferentes procedimientos administrativo en la materia de competencia autonómica (administración local, hacienda, actividad industrial, economía, urbanismo, universidades, servicios sociales y agricultura y medio ambiente) y, en sus disposiciones adicionales modifica el régimen del silencio administrativo, regula el plazo máximo de resolución y determina la sustitución del régimen de autorización administrativa por declaración responsable.


A continuación se exponen las principales implicaciones de la normativa futura  en los aspectos relacionados con este blog extraidas de la norma: régimen local, urbanismo y subvenciones públicas.

(más…)

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Claves de la sentencia (no publicada) de inconstitucionalidad de la plusvalía

Claves de la sentencia (no publicada) de inconstitucionalidad de la plusvalía

La sentencia, aún no publicada, que declara la inconstitucionalidad de la plusvalía municipal parece que no permitirá nuevas reclamaciones de los ciudadanos basada en la misma.

(31 de octubre de 2021)

El pasado 26 de octubre el Tribunal Constitucional emitía una nota de prensa (al respecto del valor de la «nota de prensa como fuente del derecho» hicimos unos comentarios aquí), por la que volvía a poner «patas arriba» (otra vez) el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Si en otras ocasiones había dejado tambaleando la constitucionalidad del tributo (2) en esta ocasión cercenaba de cuajo su sustento declarando inconstitucional la forma de determinación de su base imponible.anulación de la plusvalía no afectará a situaciones consolidadas

En concreto, la nota de prensa señalaba que la sentencia, aún por publicar,  considera que son inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

Así, si en anteriores ocasiones declaró (1) la inconstitucionalidad en aquellos casos en los que se acreditase la inexistencia del hecho imponible (porque no hubiera habido ganancia puesta de manifiesto con ocasión del negocio jurídico gravado), o (2) cuando la determinación del importe del impuesto era superior a la ganancia generada, esta vez eliminaba por completo los artículos de la norma (ley de haciendas locales) que determinan el cálculo de la base imponible y que como todos sabemos se configuran como un elemento ficticio basado en la hipótesis de que siempre se produce un incremento del valor del terreno con el mero transcurso de los años.

Desde el día de la publicación de la nota de prensa, y en base precisamente a la misma, hemos tenido la sospecha de que la declaración de inconstitucionalidad producida ya en estas fechas cuando muchos de los devengos claramente inconstitucionales ya se habían producido, no iba a tener serias repercusiones en las relaciones tributarias ya producidas.  Así, la nota de prensa selañalaba que … «El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia» circuloquio que viene a traducirse en que «no vamos a liarla» y vamos a echar abajo las liquidaciones ya realizadas quizá pensando en las graves repercusiones de todo orden que tal declaración supondría (devoluciones municipales, insuficiencia de recursos locales, demandas judiciales etc…).

anulación de la plusvalía no afectará a situaciones consolidadasTodo ello hace pensar al que suscribe que los Sres del Constitucional valoran mucho más, bajo el mantra de la «seguridad jurídica» la consolidación de las situaciones inconstitucionales que una verdadera lectura de la norma desde el único parámetro valido de su enjuiciamiento cuál es la propia Constitución … pero eso es harina de otro costal

Las sospechas se van confirmando: la anulación de la plusvalía no afectará a situaciones consolidadas

Si bien a a esta fecha no contamos con la publicación de la sentencia -unico momento en que saldremos definitivamente de dudas- parece ser que el fallo del Tribunal Constitucional que anula el método de determinación de la base imponible de la plusvalía municipal no alterará las situaciones ya consolidadas. Así queda claro no solo en la nota de prensa de la sentencia sino también en el «borrador de la sentencia» que circula en algunos medios jurídicos.

Parece ser, que salvo sorpresa mayúscula, derivada de este nuevo modo de anunciar las sentencias como si de un pre-estreno cinematográfico se tratara, la anulación de la plusvalía no afectará a situaciones consolidas al determinar claramente que «no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme».

A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas

(i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y

(ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha.

Por lo tanto no solo no se podrá afectar a aquellas liquidaciones o autoliquidaciones que ya han sido declaradas válidas con objeto de un procedimiento judicial (aunque con la nueva lectura, lógicamente devinieran inconstitucionales) sino tampoco aquellas otras que por cualesquiera circunstancias no hubieran sido impugnadas en sede administrativa o cuya devolución de ingresos indebidos no se hubiera instado a la fecha de la sentencia.

En fin, a juicio de este humilde redactor …. una vergüenza.

 

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