La Ley de PGE 2022 modificará el régimen de los FALHN del País Vasco

La Ley de PGE 2022 modificará el régimen de los FALHN del País Vasco

La tramitación de los PGE para 2022 en el Congreso ha supuesto la introducción de una modificación en la Ley de Bases de Régimen Local para atribuir a las instituciones vascas todas las competencias de los habilitados nacionales en la Comunidad.

Mediante ella a partir de 2022 las instituciones vascas asumirán todas las competencias establecidas en el artículo 92 bis de la Ley de Bases de Régimen Local.

Como consecuencia de la enmienda incorporada al proyecto de ley de presupuestos generales del estado y siempre que la misma no sea objeto de modificación en el senado -cosa harto improbable- habrá una nueva redacción del apartado séptimo de  la disposición adicional segunda de la Ley de Bases de Régimen Local dedicada al régimen foral vasco, para determinar  a las instituciones vascas como únicas competentes en todas las cuestiones relativas a los habilitados nacionales y que hasta ahora se repartían en el Gobierno de la nación y el Gobierno Vasco.

A estos efectos, el apartado segundo de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Bases de Régimen Local establece hasta ahora que:

7. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán ostentadas por las instituciones competentes, en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo la facultad de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios, en dichos concursos

De salir adelante, el apartado séptimo de la Disposición Adicional segunda quedará redactado en los siguientes términos (adviertase el subrayado):

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta habilitados nacionalespública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas.»

Notese que desaparece la intervención del Estado en la aprobación de la oferta de empleo de las plazas vacantes, de la convocatoria de esas plazas en su territorio, el nombramiento del personal funcionario en esos procesos  e incluso la asignación del primer destino.

¿Es el principio del fin del habilitado nacional en los términos que conocemos?  o, simplemente ¿una descentralización de las facultades respecto a los habilitados nacionales en un ejercicio de responsabilidad y de co-gobernanza ? O es, como sospechan otros, un intento de manejar  a su antojo un cuerpo imprescindible en el funcionamiento de los entes locales? .  Quizá solo sea resultado de las matemáticas parlamentarias … Veremos.

 

 

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El pleno del Congreso aprueba el proyecto de ley de reducción de la temporalidad del empleo púlico

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El pleno del Congreso remite al Senado el proyecto de ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio)

La norma entra en nueva fase de tramitación con el horizonte de entrada en vigor a primeros de 2022.

En los términos ya conocidos el proyecto de Ley introduce una nueva redacción del artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público relativa a los funcionarios interinos, acentuando su excepcionalidad y transitoriedad así como el derecho a su indemnización por cese al igual que a los laborales temporales. Además establece una concreta regulación de la estabilización del empleo temporal preveyendo un concreto calendario de plazos para la estabilización pretendida.

Funcionarios interinos y laborales temporales

El texto ahora a tramitación en el senado efectúa una nueva regulación del artículo 10 TRLEBEP acentuando el carácter excepcional del nombramiento creando un plazo máximo de permanencia y unas consecuencias indemnizatorias derivadas de su incumplimiento que se extienden al personal laboral temporal como consecuencia de la introducción de una nueva disposición adicional (decimoséptima).

Procesos para la estabilización del empleo temporal

El artículo 2 del proyecto de Ley establece la ampliación de los procesos de estabilización de empleo temporal como medida complementaria inmediata para paliar la situación existente y la pretendida reducción de la temporalidad

Se autoriza así un tercer proceso de estabilización del empleo público, diferenciado de los que se regularon los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal.

Este tercer proceso incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas, y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

El sistema de selección para estos procesos de estabilización será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en fase de oposición.

El proyecto de Ley establece un concreto calendario del proceso de estabilización y por tanto de la reducción de la temporalidad. Así,

Antes del 1 de junio de 2022, deberán estar publicadas las ofertas de empleo relativas a estos procesos de estabilización

Antes del 31 de diciembre de 2022 deberán estar publicadas las convocatorias de los procesos de estabilización

Y antes de 31 de diciembre de 2024 deberán haberse concluido los procedimientos de selección de las plazas convocadas.

Como consecuencia de los procedimientos de estabilización el proyecto de ley establece compensaciones para aquellos empleados públicos que estando ocupando plaza temporal vieran finalizada su relación de servicios a razón de veinte días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades.

Tres nuevas disposiciones adicionales

Durante la tramitación parlamentaria se han introducido tres disposiciones adicionales de calado en el texto normativo en tramitación, fundamentalmente la sexta que establece como sistema de provisión para el caso de las plazas estructurales  ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 (5 años)  la de concurso. A estos efectos, el Dictamen de la ponencia justifica el sistema de provisión y su excepcionalidad -«constitucional»- en los términos siguientes:

Sobre este concurso como proceso excepcional, cabe traer a colación la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional sobre el principio de igualdad en el acceso a los cargos y empleos públicos (artículo 23.2 CE), que únicamente puede ser exceptuada por razones excepcionales y objetivas. Además, este acceso ha de ordenarse de manera igualitaria en la convocatoria mediante normas abstractas y generales con el fin de preservar la igualdad ante la ley de la ciudadanía, lo que obliga al legislador y a la Administración a elegir reglas fundadas en criterios objetivos y presididos por los cánones de mérito y capacidad que el artículo 103.3 CE dispone (SSTC 67/1989, 27/1991 y 60/1994).
Entre las condiciones que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, han de darse para que no quepa apreciar infracción alguna del principio de igualdad de acceso a cargos y empleos públicos del artículo 23.2 de la Constitución se encuentran, en primer lugar, que se trate de una situación excepcional; segunda, que sólo se acuda a este tipo de procedimientos por una sola vez, pues de otro modo se perdería su condición de remedio excepcional y tercero, que dicha
posibilidad esté prevista en una norma con rango legal (STC 12/1999, de 11 de febrero de 1999).  Con esta disposición adicional se da amparo normativo al concepto jurisprudencial de interinidad de larga duración superior a cinco años, que por su carácter de normativa básica, resulta de aplicación al conjunto de las Administraciones Públicas y garantiza la igualdad en todo el territorio.
La previsión contenida en esta Ley para que las Administraciones Públicas puedan convocar el concurso extraordinario y excepcional para aquellas plazas ocupadas temporalmente durante cinco años o más, cumple con los antedichos requisitos jurisprudenciales que además, en todo caso, es razonable, proporcionada y no arbitraria, afectando a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 a consecuencia de las tasas de reposición cero de los ejercicios 2012 al 2015, que provocaron la imposibilidad de incorporar, a las correspondientes ofertas de empleo público, las plazas que en esos momentos se estaban ocupando en régimen de interinidad.

Resulta a este observador extremadamente curiosa la justificación de constitucionalidad del legislador que se advierte en el Dictamen, constatadas las dudas constitucionales del diseño del proceso para la reducción de la temporalidad de larga duración.

Aprobación por el Senado y publicación BOE

Sin ninguna modificación de consideración en su articulado tras su pase por la Cámara Alta en fecha de 29 de diciembre de 2021 fue objeto de publicación en el BOE la  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que entró en vigor el pasado 30 de diciembre.

 

Si quieres saber más sobre los procesos de estabilización y de reducción de la temporalidad y conocer la problemática que va ir surgiendo de los mismos suscribete a nuestra newsletter. Si tienes una duda concreta sobre alguno de los procesos que se vana poner en marcha no dudes en hacérnosla llegar por  los medios habituales.

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Aumento retribuciones del personal del sector público para 2020

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El BOE publica la subida del sueldo del personal público para 2020

El Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público determina el incremento del salario de los empleados públicos en un 2% con efectos desde 1 de enero de 2020 introduciendo como el ejercicio anterior la posibilidad de que el incremento sea mayor en función de la variación del PIB.

La norma aprobada en el Consejo de Ministros del día 20 de enero de 2020 no es sino la consecuencia de la aprobación del II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, firmado el 9 de marzo de 2018 por el Gobierno de España, y las organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF, que establece un marco plurianual de incremento retributivo para los empleados al servicio de las Administraciones Públicas que se extiende entre los años 2018 y 2020. En dicho acuerdo se prevé para los citados años un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento ligado al crecimiento de la economía, que deberán recoger las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

sueldo funcionarios 2020

Habida cuenta de la situación de presupuestos prorrogados el ejecutivo , vía decreto ley da cumplimiento al acuerdo suscrito elevando en un 2% fijo las retribuciones existentes hasta 31 de diciembre de 2019 y condiciona el incremento salarial variable al incremento del PIB del siguiente modo:

  • Si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento salarial.
  • Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:
    • PIB igual a 2,1: 2,20 %.
    • PIB igual a 2,2: 2,40 %.
    • PIB igual a 2,3: 2,60 %.
    • PIB igual a 2,4: 2,80 %.

Para la efectividad del incremento adicional para el sueldo deberá adoptarse nuevo acuerdo de Consejo de Ministros una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018.

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Oferta de empleo público del SALUD 2018

Oferta de empleo público del SALUD 2018

El Gobierno de Aragón aprueba la Oferta de empleo público del SALUD 2018 con un total de 867 plazas.

Mediante Decreto 2016/2018 de 18 de diciembre el Gobierno de Aragón, ha aprobado la oferta de empleo público del SALUD para 2018, con un total de 867, de las que 645 plazas se corresponden con la tasa de reposición legalmente establecida (580 son de acceso libre, 44 se reservan para ser cubiertas por el turno de discapacidad, 13 para víctimas de violencia de género  y 2 plazas para atender el cupo de quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2008, de 17 de junio, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo)  y 222 plazas de promoción interna, para el personal estatutario de plantilla que reúna los requisitos establecidos al efecto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y en el Decreto 37/2011, de 8 de marzo, del Gobierno de Aragón, de selección de personal estatutario y provisión de plazas en los centros del Servicio Aragonés de Salud. 

Esta oferta de empleo público del SALUD 2018, se une a las efectuadas en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma  que en conjunto supone la previsión de cobertura de un total de 3.703 plazas de empleo público. La propuesta de Oferta conjunta se distribuye de la siguiente manera: 1.389 plazas para personal docente no universitario, 867 para personal estatutario del Salud y 1.447 para personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus entidades de Derecho Público, correspondiente a la oferta ordinaria de 2018 y al proceso de estabilización de los años 2017 y 2018 efectuadas estas dos últimas al amparo de las disposiciones normativas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018.

 

 

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Oferta empleo público 2018 de la Comunidad de Aragón

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El Gobierno de Aragón ha aprobado nueva oferta empleo público correspondiente al ejercicio de 2018 con un total de 244 plazas.

Además, ha procedido a la aprobación de una oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal para un total de 179 plazas relativas al ejercicio de 2017 y 824 correspondientes al 2018.

1.- Oferta de empleo público ordinaria de 2018.

Mediante Decreto 214/2018, publicado en el BOA de fecha 21 de diciembre de 2018, el Gobierno de Aragón ha aprobado la oferta de empleo público de 2018 en el  el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la que se pretende proceder a la cobertura de un total de 244 plazas de las que 160 plazas corresponden a funcionario de carrera y 84 a personal laboral,  y de las que respectivamente 147 y 79 son de acceso libre y 18 para ser cubiertas en el turno de acceso para personas con discapacidad.

Asimismo, se incluyen 95 plazas de promoción interna y 50 de promoción interna cruzada, dotadas presupuestariamente y que figuran en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma con la finalidad de posibilitar la promoción profesional en función de la cualifcación adquirida por los empleados públicos.

La oferta de empleo público 2018, justifica el cumplimiento de los límites establecidos en la normativa básica estatal, en especial al respecto de la tasa de reposición de efectivos que en algunos sectores de empleo público alcanza al 100% y en otros el 75% ( Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018), reseñando que el límite cuantitativo del 100 por ciento de la tasa de reposición se sitúa en 140 plazas y el límite cuantitativo del 75 por ciento de la tasa de reposición se sitúa en 76 plazas. A esas plazas se añaden las posibilitadas por el apartado Uno. 4 del artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que establece que adicionalmente, las Administraciones Públicas comprendidas podrán ofertar un número de plazas equivalente al 5 por ciento del total de su tasa de reposición, que irán destinadas a aquellos sectores o ámbitos que consideren que requieren un refuerzo adicional de efectivos. Este porcentaje adicional se utilizará preferentemente cuando se dé, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: establecimiento de nuevos servicios públicos, incremento de actividad estacional por la actividad turística o alto volumen de jubilaciones esperadas. En aplicación del precitado artículo, a la tasa de reposición hay que añadir 8 plazas de personal funcionario y 3 de personal laboral. Y por último la oferta de empleo público incluye 17 plazas correspondientes al personal declarado indefnido no fijo mediante sentencia judicial, plazas que de acuerdo con lo previsto en el apartado Uno. 7 del citado artículo 19 no computan dentro del límite de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos. En consecuencia, el límite cuantitativo de la tasa de reposición para este ejercicio se ha situado en las 244 plazas incluidas en la oferta de empleo público de 2018.

2.- Oferta de empleo público de 2018 para la estabilización de empleo temporal.

Mediante sendos decretos, Decreto 217/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2018, para la estabilización de empleo temporal, en el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y  Decreto 218/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2018, para la estabilización de empleo temporal, en el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, en aplicación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el Gobierno de Aragón se acoge a las posibilidades normativas derivadas de los dos últimos presupuestos generales del Estado para proceder a la estabilización de empleo temporal en determinados sectores de la Administración Autonómica.

Así, en lo relativo al ejercicio de 2017 y de conformidad al artículo 19.1.6. de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, el Gobierno de Aragón se acoge a la posibilidad de disponer de una tasa adicional para estabilización de empleo temporal que incluía hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016 para los sectores. El número total de plazas alcanza las 179 plazas de las que  166 son de acceso libre y 13 para ser cubiertas en el turno de acceso para personas con discapacidad.

Del mismo modo y en lo relativo al 2018, conforme al artículo 19.1.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, el Gobierno de Aragón opta por la oferta de plazas para la estabilización de empleo temporal, reseñando que en las mismas se han incluido las plazas de naturaleza estructural de los servicios de administración y servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros servicios públicos que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017. El número total de plazas se sitúa en un total de 824 plazas de las cuales de las que 765 son de acceso libre y 59 para ser cubiertas en el turno de acceso para personas con discapacidad.

Los procesos selectivos a convocar relativos a las plazas de  estabilización de empleo público  se ajustarán a los siguientes criterios:

 a) El sistema selectivo será el de concurso-oposición. 

b) Los puntos obtenidos en fase de concurso no se pueden utilizar para superar la fase de oposición 

c) La fase de concurso, en ningún caso, tendrá carácter eliminatorio. 

d) La puntuación total de la fase de concurso no podrá superar el 40% del total. 

e) En la fase de concurso, se valorarán los servicios prestados a la Administración, así como otro tipo de méritos profesionales o académicos.

 

 

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Nueva regulación funcionarios administración local con habilitación nacional

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El nuevo régimen jurídico de los funcionarios Administración Local con habilitación de carácter nacional se establece en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, publicado en el BOE de 17 de marzo de 2018.

funcionarios Administración Local

La nueva normativa, supone la derogación expresa del  Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios Administración Local con habilitación de carácter nacional, el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios Administración Local con habilitación de carácter nacional, el Real Decreto 834/2003, de 27 de

junio, por el que se modifica la normativa reguladora de los sistemas de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios Administración local con habilitación de carácter nacional, el Real Decreto 522/2005, de 13 de mayo, por el que se modifican los requisitos para la integración de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención

La pretensión de la nueva normativa sobre funcionarios Administración Local de Habilitación Nacional es, en términos de su exposición de motivos:

  • Evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora existentes.
  • Reforzar el papel de la Administración General del Estado en relación con los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al asumir la selección, formación y habilitación de estos funcionarios, así como la asignación de un primer destino.
  • Asimismo, reforzar y clarificar las funciones reservadas a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al entender que son básicas para el funcionamiento de las Corporaciones Locales, especialmente la función interventora, para lograr un control económico-presupuestario más riguroso, en el marco del desarrollo del artículo 213 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones por los cargos electos en el ejercicio del mandato representativo que tienen encomendado constitucionalmente.
  • Garantizar una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de las funciones reservadas.
  • Permitir una gestión más eficaz y homogénea de este colectivo en todo el territorio nacional, dada la importancia de las funciones que desempeñan en las Corporaciones Locales, y su repercusión en el interés general

En los términos de su artículo 1, el objeto fundamental de del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional es el desarrollo del régimen jurídico de la escala de funcionarios Administración Local con habilitación de carácter nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en particular:

  1. La delimitación de las funciones reservadas a la misma.
  2. La estructura y acceso a la escala de funcionarios Administración Local con habilitación de carácter nacional.
  3.  La creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, así como las especialidades de sus situaciones administrativas y régimen disciplinario.
  4. La forma de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, mediante concurso o el sistema excepcional de libre designación, así como la normativa conforme a la cual se efectuarán los nombramientos provisionales, las comisiones de servicios, las acumulaciones, los nombramientos de personal interino y los de carácter accidental.
  5. El Registro Integrado de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Entre las justificaciones esgrimidas por el Gobierno para la elaboración de la norma, que en muchos de sus aspectos supone una «recentralización» de las competencias relativas a los funcionarios Administración Local con habilitación nacional se señala, conforme a la nota de empresa emitida por el Consejo de ministros que

«sigue las recomendaciones del Tribunal de Cuentas acerca de «clarificar y unificar en un único texto la normativa vigente en relación con el personal que presta servicios de control y fiscalización interna en las Entidades Locales, al objeto de fortalecer la seguridad jurídica y de evitar la confusión que pueda resultar de la pluralidad de textos normativos en los que, en la actualidad, se halla dispersa la materia, así como de las sucesivas y diversas modificaciones que en dichos textos se han venido produciendo»

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