Paralización de proceso selectivo como consecuencia de la estabilización de empleo temporal.

Paralización de proceso selectivo como consecuencia de la estabilización de empleo temporal.

¿Deben paralizarse todos los procesos selectivos en tramitación como consecuencia de la aprobación de la Ley de Estabilización?

Una de las consecuencias inmediatas de la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público era la necesidad de que las Administraciones Publicas procedieran a la determinación de las plazas que con carácter de estructurales en la organización venían siendo ocupadas por personal temporal y, con ello, determinar las plazas que debían ser objeto del procedimiento de estabilización.

paralización de los procesos selectivoEl plazo para esa determinación y análisis interno tenía como fecha límite el 1 de junio de 2022 momento en que debía procederse a la aprobación de la oferta extraordinaria de estabilización que debía determinar qué plazas debían ser objeto de estabilización y cuales debían ser cubiertas mediante concurso-oposición  (aquellas ocupadas mediante nombramientos temporales desde al menos 3 años antes de la promulgación de la Ley) o mediante concurso (si la plaza lo había estado al menos 5 años antes de la promulgación de la norma), tal y como señalábamos en la entrada dedicada a la Ley de estabilización.

Pues bien, durante el periodo de «inventario» de las plazas a estabilizar se ha venido discutiendo la necesidad de paralización de los procesos selectivos relativos a plazas ocupadas temporalmente desde hace años, incluidas en las ofertas de estabilización de 2017 y 2018 u otras, y cuyos procesos selectivos no habían (o no han sido) finalizados a esta fecha. Piénsese por ejemplo, en procedimientos de selección de personal en sectores como el de sanidad, con elevadas tasas de temporalidad, en los que una plaza que viene siendo ocupada mediante nombramiento temporal desde hace más de 10 años, y que fue incluida en un proceso selectivo a partir de esas ofertas extraordinarias de 2017 y 2018 o incluso en otras de carácter ordinario.

Los procesos selectivos no finalizados sobre plazas ocupadas mediante nombramiento temporales debían ser paralizadas e incluidas en la OEP de estabilización si la temporalidad de la plaza se extiende más allá de 1 de enero de 2016 debiendo ser cubiertas mediante concurso de méritos.

 A esa conclusión debe llegarse de la propia literalidad de la norma y de la propia finalidad de la misma, por el juego de la Disposición Adicional 6º y 8º  de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y su comparación con el régimen del artículo 2.1 de la norma que señalan:

Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración.
Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.
Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma.

Disposición adicional octava. Identificación de las plazas a incluir en las convocatorias de concurso.
Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.

Artículo 2. Procesos de estabilización de empleo temporal.

1. Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, las plazas afectadas por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.

La afección a los procedimientos de selección en marcha  deriva de la interpretación literal de la Ley, conforme a los artículos reseñados,  que determina expresamente la aplicación de las excepciones determinadas en el artículo 2.1 de la norma -que se refiere a los procedimientos de procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018- si los procedimientos ya hubieren sido convocados y estuvieran en tramitación, para aquellas plazas que vienen siendo ocupadas temporalmente desde al menos los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, esto es, antes del 31 de diciembre de 2017 y hasta el 1 de enero de 2016, circunstancia que no se da en numerosas plazas objeto de convocatorias por cuanto las mismas fueron cubiertas  mediante contratos temporales desde antes de 1 de enero de 2016.

Dicho de otro modo, la mayoría de las plazas objeto de procedimientos de selección que se encuentran en fase avanzada de la misma que hayan sido ocupadas temporalmente desde antes de 1 de enero de 2016, deben ser objeto del nuevo procedimiento de estabilización que deberá, además, aplicar las reglas del concurso de méritos para su cobertura, circunstancia que obliga, por tanto a la paralización y desistimiento de los procedimientos en marcha. Así solo las convocatorias referidas a las plazas ocupadas temporalmente desde el periodo entre 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre de 2017 al amparo de los procedimientos de estabilización de los PGE de 2017 y 2018 le es de aplicación la excepción del artículo 2.1. de la norma.

Impugnación de la Oferta de Empleo Público y pretensión de anulación del procedimiento no finalizado.

paralización de los procesos selectivoDe lo hasta aquí señalado se concluye que los procesos selectivos ya iniciados sobre plazas que venían siendo ocupadas por personal temporal desde antes de 1 de enero de 2016 debían ser objeto de paralización (anulación) y deben (o deberían) haber sido incluidas en la oferta de empleo extraordinaria de estabilización. Obviamente si la Administración no ha llevado a cabo esas actuaciones, corresponderá a los interesados solicitar dicha paralización del proceso selectivo y, lógicamente, impugnar la oferta de empleo público de estabilización llevada a cabo porque la misma no cumple con el mandato establecido en la norma, incumpliendo la finalidad de eliminación de la temporalidad y, la especial cobertura por concurso de méritos de esas plazas que de otro modo desaparecería.

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La impugnación de la oferta de empleo público

La impugnación de la oferta de empleo público

La publicación en las últimas fechas de las OEP derivadas de la estabilización de empleo temporal en las diferentes administraciones públicas está generando consultas acerca de la impugnación de la oferta de empleo público por los empleados públicos o interesados afectados por múltiples circunstancias: falta de publicación de plazas consideradas estructurales, inadecuada determinación del modo de selección de personal, paralización de procedimientos de selección para plazas de OEP anteriores que deberían haber sido incluido en la estabilización  etc…

Con independencia de la cuestión de fondo de la impugnación de la oferta de empleo público se hace necesario determinar, primero, la naturaleza jurídica de ese instrumento jurídico, esto es, si la oferta de empleo público es un acto administrativo o, por contra, si tiene un carácter reglamentario y ello por cuanto esa determinación tendrá evidentes consecuencias al respecto de su impugnación en especial, al respecto del órgano jurisdiccional que conocerá el procedimiento, la posibilidad de su impugnación indirecta etc.

 

La oferta de empleo público ¿ acto administrativo o reglamentario?

Como muchas otras cuestiones en Derecho (administrativo), la naturaleza jurídica de la oferta de empleo público no queda definida en la norma de modo que la misma debe extraerse de la jurisprudencia, por otro lado dubitativa, del Tribunal Supremo que para colmo nunca ha zanjado la cuestión de modo taxativo.

La Oferta de empleo público viene definida en el artículo 70 del EBEP sin definir su carácter  en los término siguientes:

Artículo 70. Oferta de empleo público.

1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.

2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.

3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18/03/2019, rec. nº 2528/2016, efectúa una serie de consideraciones al respecto de la naturaleza jurídica de la Oferta de Empleo Público evidenciando las dudas jurídicas que suscita la misma y, sin aclarar cuál es la posición del Alto tribunal al respecto. Así en la misma se indica que.:

«QUINTO.- Impugnada en casación por la Comunidad Autónoma de Aragón, la parte recurrida alega la inadmisibilidad del recurso al amparo del artículo 86.1.a) de la LJCA , al impugnarse no una disposición general, sino un acto de destinatario plural y que no afecta al nacimiento o extinción de la relación se servicios, entendiendo a estos efectos por «nacimiento» todas las cuestiones a las que se refiere el artículo 62 EBEP .

Pues bien, se rechaza la inadmisibilidad por las siguientes razones:

1º Ciertamente esta Sala, Sección Primera, en su auto de 31 de marzo de 2000 (recurso de casación 10608/1998 ) declaró la inadmisibilidad del recurso de casación contra una sentencia referida a la impugnación de una resolución por la que se anunciaba una oferta pública de empleo por no considerarla como disposición general, luego al » versar sobre una cuestión de personal en la que no está en juego la extinción de relación de empleo público alguna, está excluida del recurso de casación «.

2º Ahora bien la misma Sección en el auto de 12 de enero de 2006 (recurso de casación 4203/2004 ) admitió tal recurso pues en la instancia lo impugnado fue un decreto por el que se aprobaba una oferta pública de empleo y que se consideró como una disposición general, si bien la sentencia que resolvió esa casación se refiriese al decreto como «actuación administrativa» (cf. sentencia de esta Sala, antigua Sección Séptima, de 1 de abril de 2009 ).

3º Añádase, como se ha visto, que los Decretos impugnados en la instancia traen su causa de la anulación de los Decretos 67/2007 y 83 y 133/2011 y que anulado por la Sala de instancia el Decreto 67/2007, de la misma naturaleza y finalidad que los ahora impugnados en la instancia, tal sentencia fue recurrida y confirmada en casación por la citada sentencia de esta Sala, antigua Sección Séptima, de 29 de octubre de 2010 (recurso de casación 2210/2007 ), sin cuestionarse la admisibilidad del recurso.

4º Este criterio se confirma con la sentencia 543/2018, de esta Sala y Sección, del pasado 3 de abril, dictada en el recurso contencioso-administrativo 4555/2016 , en la que se enjuició el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprobaba la oferta de empleo público para el año 2016. Pues bien, lo que en el ámbito de la Administración General del Estado es ese Real Decreto lo son en el ámbito autonómico los Decretos impugnados en la instancia y en esa sentencia esta Sala entendió que se trataba de una disposición general.

5º En fin, es determinante de la admisibilidad de esta casación que así lo haya acordado la Sección Primera de esta Sala en el auto de 22 de febrero de 2017 (recurso de casación 2529/2016 ). Tal auto se ha dictado a propósito de otra sentencia de la misma Sala de instancia estimatoria de la demanda contra los Decretos ahora atacados, se razona cómo esta Sala no ha tenido siempre un criterio estable sobre la naturaleza del instrumento por el que se aprueba una oferta pública de empleo concluyendo que se trata de una disposición general.

Sin embargo y a pesar de la claridad de la sentencia que pudiera hacer creer que el Alto Tribunal, a pesar de las dudas expresadas, mantendría el carácter de acto reglamentario, la afirmación de que la Oferta de Empleo Público no puede afectar al contenido definido en las relaciones de puestos de trabajo -y la propia naturaleza de ese instrumento que ya fue definido como acto administrativo por el propio tribunal- permiten mantener que la verdadera naturaleza de la Oferta de Empleo Público es la de acto administrativo general o con pluralidad de destinatarios.

Sobre la función de la oferta pública de empleo, esta Sala y Sección en la sentencia 543/2018 (recurso contencioso-administrativo 4555/2016 ), más aquellas a las que se remite, ha recordado que es jurisprudencia que la función de una oferta pública de empleo se ciñe a la planificación de recursos humanos cuyo objeto es determinar » las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso » ( artículo 70 del EBEP ), luego no es instrumento idóneo para establecer las condiciones  de ingreso en los distintos cuerpos o escalas (cf. también las sentencias de la antigua Sección séptima de 23 , 24 -dos – y 25 junio de 2008 , recursos de casación 2712 , 2445 , 2709 y 3134/2004 , respectivamente)

Y es que si la Relación de Puestos de Trabajo (que antes se consideraba acto reglamentario), es definida ahora por la jurisprudencia como acto administrativo (a partir de la sentencia de 5 de febrero de 2014 recurso : 2986 / 2012) con más sentido debe serlo aquel instrumento que parte del mismo para determinar las necesidades de recursos humanos don dotación presupuestaria que deben proveerse con personal de nuevo ingreso.

Por último no parece que la oferta de empleo público sea un reglamento, sino un acto administrativo de carácter general, puesto que una de las diferencias entre el acto administrativo de carácter general y el reglamento es que el primero se agota con su cumplimiento por carecer de vocación de permanencia, mientras que el segundo, por el contrario, se consolida a medida que se realiza y se cumple. Y dentro del ámbito local, es el Alcalde o Presidente de la Corporación el órgano competente para aprobar la oferta de empleo, lo que significa que ésta carece de naturaleza reglamentaria ya que aquéllos no tienen potestad o facultad para aprobar reglamentos.

Impugnación de la oferta de empleo público para estabilización

impugnacion oferta empleo públicoLos recientes anuncios publicados en los Diarios Oficiales por los diferentes ayuntamientos españoles no vienen sino a corroborar que  la consideración de que la Oferta de Empelo Público tiene naturaleza jurídica de acto administrativo por cuanto el régimen de recursos que fijan los anuncios de publicación determinan competente para conocer de su impugnación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo circunstancia que no cabría de determinarse su consideración como norma de carácter general ex. artículo 10.1 b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que atribuye su conocimiento de las disposiciones generales a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia.

Consecuentemente con ello el acto administrativo de aprobación de la OEP puede ser objeto de previo recurso potestativo de reposición conforme los artículos de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común circunstancia que no resulta posible para el caso de acto de carácter reglamentario.

Por lo tanto, si tienes que proceder a impugnar la oferta de empleo público consecuencia del proceso especial de estabilización de un Ayuntamiento  deberás proceder en el transcurso de 1 mes desde su publicación (que debía llevarse a cabo antes de 1 de junio de 2022) a interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicto -Alcalde- o proceder a la directa interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

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El reequilibrio económico del contrato administrativo como consecuencia del alza de precios

El reequilibrio económico del contrato administrativo como consecuencia del alza de precios

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Analizamos las posibilidades de reequilibrio económico del contrato administrativo para paliar los efectos de la subida del precio de las materias primas y del desabastecimiento

En las últimas fechas estamos asistiendo a un alza generalizada de los precios, singularmente en el coste de las materias primas, que repercuten seriamente en la adecuada ejecución de los contratos del sector público. Así, por ejemplo el sector de la obra pública determinó ya a finales de 2021 que los sobrecostes detectados  como consecuencia del incremento de constes a lo largo de 2021 alcanzaba los 7.000 millones de euros .

Ante ello, existen varias posibilidades de actuación por los poderes adjudicadores con objeto de reequilibrar económicamente el contrato administrativo y con ello, posibilitar por un lado su finalización, muchas veces comprometida por esa circunstancia y, por otro, que el contratista no se vea afectado de modo injusto por el devenir de las causas económicas ajenas a su responsabilidad y que ahora analizaremos.

1.-Modificación del contrato

Modificación del contrato mediante su prorroga del contrato administrativo basada en el desabastecimiento que genera el alza de precios.

reequilibrio económico del contrato administrativoUna de las causas del incremento generalizado de precios puede ser el desabastecimiento de determinados elementos: materias primas, componentes etc … Logicamente ese desabastecimiento de materiales, implica que los productos existentes en el mercado necesarios para la ejecución de la contrata pública incremente sobre manera sus costes.
Constatada la inexistencia de negligencia de por parte del contratista, el poder adjudicador puede determinar como de aplicación el artículo 205.2 b) de la Ley de contratos del Sector Público, y modificar el contrato basada en esas circunstancias sobrevenidas que implican la imposibilidad de cumplir con el contrato, prorrogando su plazo de ejecución sin modificar el coste de la prestación contratada.
Lógicamente esta situación sólo puede sostenerse en situaciones muy excepcionales en que las materias primas o los elementos prácticamente desaparecidos del mercado se prevea retornen en un plazo razonable a ser suministrados con normalidad de modo que la modificación contractual solo suponga un incremento del plazo previsto de ejecución.

Modificación del contrato con objeto de reflejar el nuevo coste de las materias primas necesarias para la ejecución del contrato.

Con amparo en el mismo artículo de la LCSP el órgano de contratación puede incrementar el precio del contrato, justificando que esa modificación, deriva de unas circunstancias «sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato”. Para ello deberá cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado segundo de este artículo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

El artículo 205.2 b) de la Ley de Contratos del Sector Público establece que:

«Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes: (…)

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.

2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido»

reequilibrio económico del contrato administrativoA favor de esta posibilidad para el reequilibrio económico del contrato administrativo se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, en su Informe 38/20, de 12 de febrero de 2021 en relación a la situación generada como consecuencia de la pandemia derivada de la COVID-19  y solo en la medida que sea necesario y durante el periodo de tiempo en que están medidas impidan volver al escenario previsto inicialmente en los pliegos.No obstante y frente a esa posibilidad subsiste la dificultad de deslindar ese alza de precios -como una situación sobrevenida e imprevisible- de una situación que deba asumir el contratista como consecuencia del principio de riesgo y ventura en los términos que ha señalado por ejemplo, la  Junta Central de Contratación de Castilla-La Mancha, en su Informe 10/2021, de 29 de noviembre.

2.- Revisión de precios

Para aquellos casos en que se produzca un incremento de los costes a soportar por el contratista durante la ejecución del contrato, la Ley de Contratos del Sector Público establece un mecanismo normado para su subsanación. Dicho mecanismo es la revisión de precios y es el modo más adecuado para el reequilibrio económico del contrato administrativo. No obstante el carácter facultativo -hasta la fecha- para su establecimiento por la Administración convierte este instrumento en una «rara avis» de la contratación de pequeñas y medianas administraciones públicas.

Esta figura viene regulada en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público y supone una excepción al principio de riesgo y ventura reconocido en el artículo 197 de la norma.

El artículo 103 señala:

2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado.

 

No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto.

 

3. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo.

 

4. El pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la formalización se produce con posterioridad.

Conforme señala el reciente informe de la  Junta Central de Contratación de Castilla-La Mancha, en su Informe 10/2021, de 29 de noviembre

«El Tribunal Supremo, en Sentencia de fecha 17 de diciembre de 1987 ha señalado que, “(…) el instrumento o mecanismo de la revisión de precios en la contratación administrativa nace precisamente como una excepción a los principios de precio cierto y riesgo y ventura del contratista que constituyen la regla en los contratos administrativos (…).

Así, la revisión de precios constituye un mecanismo que la LCSP establece para preservar el equilibrio económico del contrato. Su finalidad, tal y como dispone la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en su informe 7/2019, de 29 de octubre, “ no es otra que adaptar el precio del contrato a la evolución de los costes del mismo y, en definitiva, pretende evitar desequilibrios económicos durante la ejecución del contrato que lo puedan hacer inviable -por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 1987 y Sentencia núm. 874/2005 de 24 de junio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid-.”

Para que la revisión de precios pueda aplicarse al contrato de obras es necesario que se cumplan las condiciones que el artículo 103 de la LCSP establece: que se haya fijado “a priori” en el pliego de cláusulas administrativas particulares (artículo 103.4); asimismo, deberá haberse justificado previamente en el expediente (artículo 103.2). De lo contrario, el órgano de contratación no podrá en ningún caso acudir “a posteriori” al sistema de revisión de precios que regula la LCSP en sus artículos 103 y ss. En este sentido, la Junta Consultiva de Aragón, en el informe citado anteriormente, señala: “(…) Todas las cláusulas de los pliegos, en tanto “lex inter partes” vinculan a los intervinientes y les obligan a lo expresamente pactado, por lo que debemos tener en cuenta cómo han recogido los pliegos, en cumplimiento del artículo 115 del TRLCSP, la fórmula de revisión de precios y el sistema de aplicación (…)”, y concluye: “Para que sea posible la aplicación de la revisión de precios, es preciso que el pliego de cláusulas administrativas particulares recoja expresamente la fórmula prevista y el sistema o modo de revisión”.

Por lo tanto, no todos los contratos administrativos pueden utilizar la revisión de precios ya que la misma solo puede llevarse a cabo en aquellos supuestos en los que se haya previsto en el pliego de clausulas administrativas que rigieron la licitación y, en los contratos de: obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones públicas, de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años. 

La revisión de precios (excepcional) regulada en el  Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras -ya modificado-

La excepcionalidad de la situación actual, con la subida de precios generalizada, ha obligado a la Administración del Estado a establecer un mecanismo excepcional para la revisión de precios para el reequilibrio económico del contrato administrativo que ya ha debido ser objeto de modificación para adaptarse nuevamente a las circunstancias con la ampliación de los supuestos de aplicación. (Versión consolidada de la norma) 

Contratos a los que se aplica la revisión de precios excepcional

La norma se aplica a los contratos públicos de obra (por lo tanto a los contratos de servicios o  suministros), ya sean administrativos o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades que formen parte del sector público estatal (Administración General del Estado y organismos vinculados o dependientes de ella) y que se encuentren en ejecución coincidiendo con la entrada en vigor de la norma  (2 de marzo de 2022). La modificación introducida a la primera revisión del Real Decreto Ley ha incluido que la aplicación de esta normativa excepcional para el reequilibrio económico del contrato administrativo se haya ampliado no solo a los que están en ejecución sino también a los que esten en licitación, adjudicación o formalización, o dicha formalización se produzca en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma.

Necesidad de que el sector público y autonómico desarrollen la normativa de revisión excepcional de precios.

La normativa recogida en el Real Decreto Ley  no resulta de aplicación a directa ni al sector público autonómico ni al local requiriéndose la adaptación del mismo y/o su asunción para su aplicación por las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

Procedimiento para la revisión excepcional de precios

El  procedimiento establecido para el reequilibrio económico del contrato administrativo -que ha sido ya objeto de modificación al respecto de plazos sin someterse a limite alguno -esto es durante toda la vigencia del contrato- tiene las siguientes características fundamentales:

  • Corresponde al órgano de contratación aprobar, si procede, la revisión excepcional de precios.
  • El contratista deberá presentar solicitud, que inicialmente se establecía en dos meses desde la entrada en vigor de la norma y que ahora puede realizarse durante toda la vigencia del contrato- interesando la revisión de precios. Con la solicitud, deberá acompañarse  documentación necesaria para acreditar la concurrencia de las circunstancias de excepcionalidad.
  • El órgano de contratación dictará una propuesta provisional indicando si procede o no reconocer la revisión excepcional de precios y fórmula aplicable al contrato, dando traslado al contratista por un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones.
  • El órgano de contratación resolverá motivadamente la solicitud en el plazo de un mes a contar desde la recepción de las alegaciones o finalización del plazo para presentarlas.
  • Si no se produce resolución expresa en el citado plazo de un mes, faculta al solicitante para entenderla desestimada por silencio administrativo y consecuentemente podrá interponer los recursos jurisdiccionales oportunos.
  • La concesión de la revisión excepcional de precios no requerirá reajuste de la garantía definitiva.

De este modo el importe de la revisión de precios se incluirá en la certificación final de obra y ello sin perjuicio de que el órgano de contratación pueda hacer pagos parciales respecto a la misma.

En las próximas fechas veremos cuál es el efecto de esta normativa sobre el reequilibrio económico del contrato administrativo y la adaptación que necesariamente deben hacer de ella las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

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Segmento III. Pequeñas empresas o Microempresas de entre 0 y menos de 3 empleados. 2.000 euros

Procedimiento para la obtención de la ayuda del kit digital

En las próximas fechas se publicarán las ordenes de la convocatoria para cada una de los segmentos a las que va dirigido. Debes tener en cuenta que las ayudas se concederán bajo el único criterio del orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de cumplimiento de los requisitos exigidos hasta que se agote el crédito presupuestario asignado en la convocatoria sea agotado.Kit Digital

Para poder adoptar a la ayuda la pyme o autónomo debe proceder al registro en la web acelerapyme y completar el test de autodiagnóstico de la situación de la empresa a digitalizar y, posteriormente, elegir el «servicio» a subvencionar de los reseñados en el catálogo al solicitar la ayuda.

Obtenido el bono digital, el beneficiario deberá ponerse en contacto con el «agente digitalizador» (verificado por la Administración) para implementar la solución solicitada.

Requisitos que debe cumplir la pyme o autónomo para la obtención de la ayuda

Los requisitos genéricos establecidas en las bases de la convocatoria para la obtención del kit digital son las siguientes:

  • Ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo.
  • Cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas.
  • Estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establece por convocatoria.
  • No tener consideración de empresa en crisis.
  • Estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
  • No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.
  • No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
  • No superar el límite de ayudas minimis (de pequeña cuantía).

También es requisito para obtener la condición de beneficiario disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test de diagnóstico disponible en la plataforma Acelera pyme al que nos hemos referido.

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4 años sin planificación en la contratación administrativa (local)

4 años sin planificación en la contratación administrativa (local)

Planificación en la contratación administrativa local … más bien poca

A propósito de la aprobación por los entes locales de los planes de contratación.

A primeros del año 2018, recien aprobada la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), hacíamos referencia en este blog a los planes de contratación que todas las Administraciones Públicas debían aprobar y publicar de conformidad al artículo 28.4 del texto de la norma, «programando la actividad contractual» en un ejercicio presupuestario o en periodos plurianuales.
Ya entonces mostrábamos nuestras dudas al respecto del alcance de dichos planes y el choque que el concepto planificación tenía para la idiosincrasia nacional tan acostumbrada al corre corre del último día y nuestra conocida improvisación.planificación contratación
Si además, la inexistente planificación no conllevaba sanción alguna sino que, a lo sumo, cumplir con la norma que obliga a la planificación en la contratación solo conllevaba una disminución de plazos en los procedimientos de licitación, se advertía de la dificultad de creación de dichos instrumentos y su general conocimiento para el conjunto de los operadores económicos. A esas características sumémosle la endémica escasez de recursos personales y técnicos de nuestras entidades locales y se comprenderá la dificultad de dar estricto cumplimiento a la planificación exigida.
Como ya dijimos es muy loable la finalidad pretendida con la planificación en la contratación administrativa que tiene como fin último alcanzar el paradigma de la transparencia en la contratación y, desde luego, un buen método para permitir a los operadores jurídicos, con cierto tiempo para ello, conocer cuáles van a ser los contratos que van a licitar los poderes adjudicadores, posibilitando, con necesaria antelación, planificar su participación en los mismos.
Pues bien, cuatro años más tarde, y de modo generalizado podemos afirmar que ni existen planes de contratación en las Entidades Locales (o al menos en la mayoría de Entidades Locales) ni se les espera, circunstancia que no supone que no sea deseable cambiar esa tendencia. Obviamente, existen algunas honrosas excepciones a la regla general que señalamos y que podemos extraer de los exámenes de las páginas de transparencia de algunas entidades y/o del perfil del contratante de las mismas.

Requisitos de los planes de contratación

Los planes de contratación son, en si mismos, un documento muy sencillo cuyo contenido se deriva del examen del artículo 28.4 de la LCSP:

«Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja aquellos contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”.

El plan de contratación se incluye en el diseño de la «nueva forma de contratación pública» introducida  en los términos de la  Exposición de Motivos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

un sistema de contratación pública, más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos».

En puridad, como todo «plan», el plan de contratación debe llevar a cabo una secuencia de actividades de análisis, puesta en marcha y medición de sus resultados.

En la «wikipedia» de la contratación a la que os enlazamos (WIKICONTRATACION) se definen de modo amplio los siguientes que aquí solo apuntamos:

  1. Evaluar necesidades futuras de contratación y la gestión pasada.
  2. Analizar los problemas y posibles soluciones.
  3. Planificar la gestión de los contratos del próximo ejercicio.
  4. Controlar el grado de cumplimiento de lo planificado.

Procedimiento para la creación de los planes de contratación

En el procedimiento para la planificación en la contratación administrativa debemos diferenciar una lógica e inicial fase interna, en la que los diferentes servicios o unidades elevarán al servicio de contratación las previsiones de contratación a realizar en ejercicios siguientes, una consecutiva fase de elaboración del plan por estos  y la posterior aprobación, normalmente por la Alcaldía o Junta de Gobierno Local y publicación en la sede electrónica, en el portal de contratación del estado y/o en los portales de transparencia. Algunos de los ejemplos que adjuntamos en los enlaces sigue estos esquemas.

Ejemplos de planes de contratación

Como hemos dicho, no existen muchos planes de contratación publicados en el área de documentación de los perfiles de los órganos de contratación de la plataforma de contratación del estado, lugar donde, en puridad, entendemos, debían ser objeto de presencia. Además suele ser habitual, que -cuando existen- esten publicados en los portales de transparencia o en las sedes electrónicas de las diferentes entidades locales pero no estén publicados en la plataforma de contratación haciendo muy compleja la labor del licitador que pretende conocer cual es la planificación futura de la contratación pública de un ente local.

No obstante hemos recopilado en el enlace siguiente algunos de los planes de contratación  que hemos podido obtener a través de la búsqueda en diferentes sedes municipales, permitiendo su descarga para el conocimiento de la estructura y contenido que debieran tener. Enlace a planes de contratación.

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