A pesar de las solicitudes formuladas por varias de las asociaciones de consumidores, los Ayuntamientos siguen sin efectuar cambios en sus ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana -plusval铆a- obligando al ciudadano, fundamentalmente, respecto al tratamiento de la inexistencia de incremento patrimonial real en la venta de sus inmuebles, a acudir a los tribunales para la obtenci贸n de la devoluci贸n de las cantidades indebidamente abonadas.

Ordenanzas fiscales

Exist铆a alguna esperanza por las diferentes asociaciones de consumidores de nuestro pa铆s para, al hilo de las constantes sentencias que vienen a anular la liquidaci贸n del impuesto -para el caso de detrimentos patrimoniales como consecuencia de la venta- que durante los periodos de modificaci贸n de las Ordenanzas fiscales (finales de a帽o) se introdujeran por los diferentes Ayuntamientos modificaciones al texto de las mismas con vistas a su aplicaci贸n en 2017, 聽sobre todo en cuanto a la determinaci贸n como situaciones de no sujeci贸n en el caso de ventas producidas en perdidas. 聽

As铆 por ejemplo la Uni贸n de Consumidores de Arag贸n, en septiembre de 2016, emit铆a una nota de prensa bajo el titulo de 聽la聽UCA propone modificaciones de ordenanzas fiscales en relaci贸n con la Plusval铆a en la que anunciaba su 聽intenci贸n 聽de dirigirse a la聽Federaci贸n Aragonesa de Municipios, Provincias y Comarcas, para que haga llegar a las entidades que representa las siguientes propuestas:

1.- Que en las ordenanzas fiscales del a帽o 2017 se incorpore el reconocimiento de que las transmisiones con incremento de valor negativo, no son sujeto del impuesto. As铆 como la modificaci贸n procedimental correspondiente para reconocer las autoliquidaciones a cero en estos casos.

2.- Que tomen la decisi贸n pol铆tica de aceptar las reclamaciones que los contribuyentes pudieran presentar como consecuencia del abono de este impuesto en a帽os anteriores, siempre y cuando se correspondan con incrementos de valor negativos.

Pues bien, a pesar de los intentos de las Asociaciones de Consumidores, singularmente la se帽alada, los Ayuntamientos, en este caso los aragoneses, han seguido manteniendo pr谩cticamente inalterables las ordenanzas que regulan el impuesto quiz谩 porque la recaudaci贸n del mismo ha supuesto un enorme alivio en estos a帽os de crisis para las arcas municipales a la vista del detrimento de otros, significativamente aquellos impuestos y tasas ligados al urbanismo, y cualquier retoque har铆a peligrar esa considerable fuente de ingresos.聽De este modo se obliga al ciudadano que ve como una transmisi贸n es gravada por el impuesto sin que se haya producido un incremento real en su patrimonio a acudir a los tribunales para anular la聽liquidaci贸n. Es obvio que muchos no lo hacen, por desconocimiento, costes u otras circunstancias, y es ah铆 donde reside la ventaja municipal para el mantenimiento de las ordenanzas en los t茅rminos actuales y ya sean de unos o de otros el signo pol铆tico municipal.聽

As铆 por ejemplo, la modificaci贸n de las Ordenanzas fiscales por el Ayuntamiento de Zaragoza, en cuanto al IIVTNU se refiere, se ha residenciado en exclusiva en el tratamiento de la bonificaci贸n mortis causa en relaci贸n a la vivienda habitual del fallecido 聽o en relaci贸n a los terrenos de la persona fallecida cuando sean utilizados en el desarrollo de la actividad de una empresa individual y que dicha actividad se ejerza de forma habitual, personal y directa por el causante, sin que en modo alguno se introdujera, siquiera en el debate pol铆tico, la posibilidad de declarar como no sujetas ventas producidas en p茅rdidas.聽

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