A lo largo de la aprobación de un plan general de ordenación urbana (PGOU) se producen numerosas modificaciones sustanciales en sus determinaciones fruto de las alegaciones producidas en el periodo de información pública y de los informes sectoriales.
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Plan Anual normativo del Gobierno de Aragón 2017
El 28 de marzo de 2017, el Gobierno de Aragón aprobó el Plan Anual Normativo para el ejercicio de 2017 que incluye la previsión normativa del gobierno autonómico para este año (del que ya hemos consumido unos cuantos meses).
Esta obligación deriva del mandato legal establecido en el artículo 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PACA), por el que anualmente las Administraciones Públicas harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente y que, una vez aprobado, se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración Pública correspondiente.
De entre las normas con rango de proyecto de ley cuya previsión aprobatoria se incluye en el Plan Anual Normativo del gobierno autonómico durante el año 2017 destacan el proyecto de Ley de Capitalidad de la ciudad de Zaragoza, el proyecto de ley de Memoria Democrática de Aragón, el proyecto de ley de vivienda de Aragón o el proyecto de ley de función pública de Aragón.
Puedes consultar aquí el Plan anual normativo del Gobierno de Aragón
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El gobierno de España recurre al Constitucional la Ley de Salud de Aragón
La interposición del recurso de inconstitucionalidad frente a la norma tiene como efecto inmediato la paralización OPE extraordinaria SALUD objeto de aprobación por el ejecutivo autonómico y que preveía la cobertura de 1.483 plazas actualmente ocupadas mediante personal interino
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El Constitucional declara inconstitucionalidad plusvalia caso venta a perdidas
La Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 16 de febrero de 2017 (cuestión de inconstitucionalidad 1012/2015) viene a determinar la inconstitucionalidad plusvalia en aquellos casos en los que existe venta con pérdidas al considerar que atenta contra la capacidad económica establecida como límite a la contribución al sostenimiento de los gastos públicos del artículo 31.1 de la Constitución española.
NOTA DE REDACCIÓN: IMPORTANTE: EL CONTENIDO DE ESTA ENTRADA DEBE SER OBJETO DE EXAMEN AL AMPARO DE LA NUEVA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO DE OCTUBRE DE 2021 Ver la entrada: Claves de la sentencia (no publicada) de inconstitucionalidad de la plusvalía
Aunque la sentencia únicamente se centra en la declaración de inconstitucionalidad plusvalia en relación a la Norma Foral 16/1998 de 5 de julio, del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, la coincidencia regulatoria con el resto del territorio español (texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales), permite confirmar la inconstitucionalidad de someter a gravamen las ventas que se vienen produciendo en pérdidas y que, hasta ahora, y gracias a una configuración legal ficticia basada en el valora catastral del inmueble, se venían manteniendo por los Ayuntamientos de todo el territorio español.
Un examen somero de la sentencia permite efectuar las siguientes conclusiones acerca de la declaración (más…)
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Propuestas del Observatorio de Contratos Públicos al proyecto de ley
Próximo a finalizar el periodo de enmiendas del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (hasta el 9 de febrero de 2017), el Observatorio de Contratos Públicos ha presentado un documento de propuestas de modificación del articulado en el que se aportan un conjunto de reflexiones para la mejora de la norma en tramitación.
Además de las observaciones que se efectúan al articulado que pretenden profundizar en la transparencia y la consiguiente prevención de la corrupción, el documento en su apartado tercero establece una concreta propuesta regulatoria en el ámbito de los servicios a las personas (servicios de salud y servicios sociales) que ahondan en la posibilidad establecida en los artículos 76 y 77 de la Directiva 2014/24 de regulación simplificada y de reserva de contratos en ese tipo de prestaciones y frente al que el proyecto de ley no ha efectuado mención alguna.
- Documento de propuestas del Observatorio de Contratos Públicos
