Empleo público

Empleo público

En nuestro despacho tratamos de resolver los problemas que en materia de recursos humanos se dan en las diferentes Administraciones Públicas. Conocemos que el capital humano es el elemento más preciado en cualquier entidad y apostamos por su puesta en valor y situación como posición preponderante en el esquema de cada una de ellas.   

Ayudamos al empleado público a mejorar sus condiciones laborales dentro del entramado complejo que supone las diferentes Administraciones Públicas. 

 

Las relaciones laborales en la Administración Pública son complejas debido a una variedad de factores. Fundamentalmente el entramado normativo y las diferentes estructuras de poder generan dificultades para la defensa de los intereses del empleado público

Las normas que rige el empleo público en las diferentes Administraciones Públicas resultan complejas y cambiantes, lo que hace que sea difícil para los empleados públicos llevar a cabo por si mismos actuaciones para la mejor defensa de sus derechos frente al empleador. Esto puede generar conflictos en las relaciones laborales y crear desacuerdos en la interpretación y aplicación de las políticas y normas.

Además, los cambios en el liderazgo político pueden, en muchos casos, afectar el trabajo y las expectativas de los empleados públicos haciendo surgir tensiones y conflictos que afectan muy negativamente las relaciones laborales en la Administración Pública.

Por último, la falta endémica de incentivos y recompensas por el desempeño sobresaliente que desarrollan muchos empleados públicos afecta negativamente a las relaciones laborales en las Administraciones Públicas en general. A menudo los empleados públicos se sienten desmotivados ante la falta de reconocimiento de su trabajo y esfuerzo, afectando a su productividad y compromiso con la organización.

  

Si quieres resolver tus problemas relativas al empleo público o te planteas una duda al respecto de tus derechos y obligaciones completa el formulario adjunto y nos pondremos en contacto contigo …

 

Asesoramiento en materia de empleo público

9 + 11 =

Contratación pública

Contratación pública

La aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público, como consecuencia de la transposición de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 debe suponer la adaptación de los operadores jurídicos, Administraciones Públicas, pero sobre todo empresarios y pymes a una nueva forma de contratación, más transparente y con mayores oportunidades de negocio.

Desde nuestro despacho, queremos dar al cliente la posibilidad de conocer las ventajas competitivas que la contratación pública supone, sin perjuicio de que en el plano doctrinal no seamos ajenos a las polémicas y dificultades que la nueva norma genera entre el conjunto del sector público.

Estamos desarrollando un servicio pensado en la PYME que permita a esta superar las dificultades que le pudiera generar los procedimientos de licitación públicas. 

Con nuestra ayuda y asesoramiento, la PYME puede navegar por todo el proceso de contratación pública de manera más eficiente y efectiva, aumentando las posibilidades de éxito y asegurando nuevos contratos e ingresos para la empresa mediante un asesoramiento personalizado y adaptado a las necesidades específicas de cada empresa, guiando a través del proceso completo, desde la identificación de oportunidades de licitación hasta la presentación de tu oferta.

El servicio brinda a la empresa el acceso a herramientas y recursos especializados que le permiten elaborar una oferta sólida y competitiva, incluso si es nueva en el mundo de la licitación pública. Esto incluye la revisión de documentos, la preparación de propuestas técnicas y la elaboración de presupuestos y costos.

De este modo aumentan la PYME aumenta considerablemente las posibilidades de éxito, garantizándose el exito en la contratación pública, obteniendo nuevos ingresos para el negocio. 

Si quieres consultar cómo funciona nuestro servicio de asesoramiento en licitaciones públicas para PYMES remite un correo mediante el siguiente formulario. 

SERVICIO DE CONTRATACION PUBLICA PYMES

11 + 6 =

Ejemplos de planes de contratación

Hola, si has llegado aquí es que realmente te interesa la contratación administrativa!!!

Te publicamos varios ejemplos de planes de contratación administrativa de diferentes entidades locales. 

Ayuntamiento de Málaga.

Ayuntamiento de Móstoles. 

Ayuntamiento de Barcelona

Ayuntamiento de Murcia. Planes de contratación de 2020 a 2022

 

Re equilibrio económico del contrato administrativo

Como consecuencia del incremento de los costes de las materias primas se ha hecho necesario el establecimiento de un procedimiento especial para la revisión de precios de carácter excepcional. 

El reequilibrio económico del contrato administrativo como consecuencia del alza de precios

 

 

Nueva ley de contratación pública en Aragón

Nueva ley de contratación pública en Aragón

El Boletín Oficial de Aragón publica la Ley 11/2023, de 30 de marzo, de uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La norma, que modifica el régimen de la contratación pública en Aragón  entrará en vigor el 17 de mayo de 2023 derogando la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector público de Aragón. 

Anulación plusvalía municipal

Anulación plusvalía municipal

 

En las últimas fechas la anulación de liquidaciones por plusvalía giradas por los diferentes Ayuntamientos españoles se ha convertido en una de las materias más consultadas en nuestro despacho.

Dos son los factores que han causado el incremento de las consultas y asuntos al respecto: (1) la crisis del mercado inmobiliario que ha supuesto que muchos ciudadanos vendieran sus inmuebles a importes inferiores a los que en su día adquirieron, lo que acompañado por la (2) elevación de los valores catastrales de los inmuebles como consecuencia de la actualización de valores en el momento de auge de la burbuja inmobiliaria, ha supuesto la exigencia de plusvalías municipales a todas luces injustas y desproporcionadas.

Simultáneamente a ello, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, primero al respecto de la norma foral de Guipuzkua y posteriormente en relación al territorio no foral, han venido a aclarar la situación de inconstitucionalidad del tributo en situaciones en que se acredite la perdida patrimonial generada respecto al suelo, lo que ha conllevado el incremento de las consultas y los procedimientos tramitados al respecto.

Nuestro despacho, ha llevado a cabo multitud de reclamaciones administrativas, en solicitud de devolución de ingresos indebidos o recursos de reposición frente a las liquidaciones de plusvalía municipal, para la posterior reclamación en sede contencioso-administrativo bien ante la negativa de los Ayuntamientos al reconocimiento de la anulación y devolución, bien por su silencio para la emisión de cualquier resolución acerca de la petición de anulación plusvalía municipal, algunas de las cuales ya han sido resueltas por los tribunales de justicia. Aquí podrás ver algunas de ellas, obtenidas ante los Juzgados de Madrid y Zaragoza, tras los correspondientes procedimientos en sede administrativa.

 

 

Entrevista en Radio Euskadi tras la Sentencia del Tribunal Constitucional

Anulación plusvalía municipal Madrid

Anulación plusvalía municipal Madrid

Anulación plusvalía municipal Madrid

Anulación plusvalía municipal Madrid.

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Sentencia anulación plusvalía Las Rozas de Madrid
Anulación plusvalía municipal Madrid

Anulación plusvalía municipal Madrid.

Ayuntamiento de Majadahonda. Sentencia anulación plusvalía municipal Majadahonda.

 

Anulación plusvalía municipal Madrid

Como en otros muchos lugares de nuestro país, la solución judicial al respecto de la multitud de asuntos que están siendo objeto de impugnación ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo para la anulación de la plusvalía municipal Madrid,  vacila entre una estimación total de las pretensiones anulatorias basadas en la consideración que el Impuesto ha sido objeto de expulsión del ordenamiento jurídico o, bien, el análisis si en el caso concreto la imposición al ciudadano se configura como una incautación por cuanto no tiene en cuenta el principio de capacidad económica anulando aquellas liquidaciones en las que no se produce una ganancia patrimonial puesta de manifiesto con ocasión de la venta del concreto inmueble y solo en relación a ellas.

A estos efectos, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo C-A del TSJ de Madrid,  nº 512/17, de 19 de Julio, ha venido a señalar la imposibilidad de analizar si para el caso concreto ha existido o no un incremento en el  valor de los terrenos que justifique bien la anulación de la plusvalía o bien su determinación como ajustada a Derecho, interpretando que la Sentencia del Tribunal Constitucional supone la expulsión del ordenamiento jurídico de las liquidaciones practicadas o mejor dicho, de las que son objeto de recurso contencioso-administrativo y ello bajo el argumento siguiente:

 “….el TC en Sentencias de 16 de Febrero de 2017  y en Sentencia de 1 de Marzo de 2017, para artículos de las normas forales de idéntica redacción a los de autos declara lo siguiente: “no es posible asumir la interpretación salvadora de la norma cuestionada que se propone porque, al haberse establecido un método objetivo de cuantificación del incremento de valor, la normativa reguladora no admite como posibilidad ni la eventual inexistencia de un incremento ni la posible presencia de un decremento (el incremento se genera, en todo caso, por la mera titularidad de un terreno de naturaleza urbana durante un período temporal dado, determinándose mediante la aplicación automática al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión de los coeficientes previstos en el art. 4.3 NFG). Es más, tampoco permite, siquiera, la determinación de un incremento distinto del derivado de “la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto” (…) Admitir lo contrario supondría reconstruir la norma en contra del evidente sentido que se le quiso dar y aceptar que se ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes locales, en vía de gestión, o a los órganos judiciales, en vía de revisión), tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria, como la elección, en cada caso concreto, del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento, lo que chocaría, no sólo contra el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), sino contra el propio principio de reserva de ley que rige la materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2, ambos de la CE). Debe señalarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana” 

A la vista de cuanto antecede entendemos en definitiva que la liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal(comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas de otros impuestos..) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado , pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza esto es “dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento”, determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaración de inconstitucionalidad. Procede conforme a lo expuesto la estimación del recurso con anulación de la liquidación impugnada”.

Esta interpretación efectuada por el TSJM al respecto de la Sentencia de inconstitucionalidad esta llevando a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad de Madrid, bien a justificar la necesidad de interpretar la plusvalía municipal en los términos que se deducen del propio pronunciamiento constitucional, y en ese caso, contradecir a la Sala de superior rango o, en otros casos, seguirla a pies puntillas y proceder a la anulación de cualquier plusvalía municipal de Madrid que sea objeto de su examen.

Puedes examinar un ejemplo de las dos posturas posibles en los siguientes enlaces:

Para más información, no dudes en suscribirte a nuestro blog, te enseñaremos cómo conseguir la anulación plusvalía Madrid.

Anulación plusvalía municipal en Zaragoza

Anulación plusvalía municipal en Zaragoza

Anulación plusvalía municipal en Zaragoza
Anulación plusvalía municipal en Zaragoza

Anulación plusvalía municipal en Zaragoza

Los Juzgados de Zaragoza ya eran proclives, con anterioridad a la resolución del Tribunal Constitucional a acoger las tesis despues confirmadas por el Alto Tribunal al respecto de que no cabía cargar con la plusvalía municipal situaciones donde no se diera una ganancia patrimonial y ello como consecuencia de la aplicación del principio de capacidad económica de nuestra Constitución, procediendo a la anulación plusvalía municipal en Zaragoza.

Así, por ejemplo, la Sentencia de fecha 23 de marzo de 2016 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los de Zaragoza, pendiente aún las cuestiones de constitucionalidad, ya anticipaban, la interpretación que había de darse al Impuesto sobe el incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana para considerarlo constitucional. A esa sentencia, y a otras de nuestros Juzgados de Zaragoza nos referimos en una entrada al respecto del blog (Anulación plusvalía municipal en Zaragoza).

A esas sentencias, les han sucedido otras de las que aportamos los enlaces las dos siguientes dictadas en el mismo día.

  • Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, numero 4 de los de Zaragoza de 31 de octubre de 2017
  • Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, número 3 de los de Zaragoza de 31 de octubre de 2017

Como puede observarse de un breve análisis de las mismas, los Juzgados de Zaragoza (todos salvo el número 2), consideran que una interpretación del asunto a partir de la jurisprudencia constitucional exige examinar el supuesto del caso concreto a partir de los antecedentes obrantes en Autos siendo suficiente para determinar la inexistencia del incremento de valor el examen de las propias escrituras y el conocimiento, a través de la estadística del Ministerio de Fomento y la propias evidencias del mercado, que durante la tenencia de los bienes inmuebles en la titularidad del sujeto pasivo el valor del suelo sufrió una evidente caída.

Decimos que todos salvo el número 2, porque para éste, en igual interpretación que han hecho muchos otros Juzgados de nuestro país (al igual que alguna Sala del Tribunal Superior de Justicia), la Sentencia del tribunal Constitucional exige la necesaria reforma del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana lo que impide la posibilidad de que el juez a quo examine o no la constitucionalidad para el caso concreto, anulando cualquier liquidación producida.